El caso del senador colorado cartista Hernán Rivas y su supuesto título académico no auténtico no debe quedar impune. Un pedido de permiso para aquietar las aguas no será suficiente, pues las acusaciones deben ser aclaradas y, al mismo tiempo, toda la dirigencia política que empoderó al senador cuestionado deberá asumir su responsabilidad. Este suceso es muy grave, puesto que involucra a un poder del Estado: Legislativo, influenciando a otro: Judicial. Por el bien de nuestra democracia, no debe quedar sin castigo.
Respecto al caso del supuesto título falso del senador, ahora con permiso, Hernán Rivas, han surgido recientemente nuevas líneas para el debate y la investigación.
La oposición rechaza el permiso y pide en cambio la pérdida de investidura o que renuncie. La senadora Yolanda Paredes sugiere rechazar dicha prerrogativa a un legislador investigado: “No podemos darle esa prerrogativa de permiso a un senador acusado no solamente de tráfico de influencias, sino también de delitos penales”.
Sostuvo que el pedido de permiso no tiene sustento constitucional y que otorgárselo es más grave que otros antecedentes, pues las acciones del senador como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados causaron un daño irreparable a la institucionalidad democrática.
Por otro lado, en un giro tan inesperado como preocupante, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, reconoció que le dieron permiso al senador cartista Hernán Rivas como una medida para atenuar la mala percepción que generaba en la ciudadanía. Honor Colorado sostuvo al cuestionado senador y hasta lo encumbró a la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, un escándalo que causó gran indignación.
“Ahora entendimos la percepción ciudadana, por encima de lo jurídico, por eso esta decisión. Fue por el desgaste político. El político de por sí vive de la percepción ciudadana y la percepción ciudadana es que, al final, hasta los jueces y nosotros mismos no actuamos como corresponde”, explicó. El titular del Congreso admitió así que las decisiones de la bancada colorada cartista no priorizan las disposiciones constitucionales ni la grave injerencia en otros poderes.
La dirigencia política debe asumir las consecuencias de sus decisiones, puesto que fueron ellos quienes impulsaron al senador Hernán Rivas hasta el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, incluso cuando desde el principio hubo reclamos sobre la validez de su título abogado. Los dirigentes de Honor Colorado prefirieron ignorar las denuncias y ahora incluso se está poniendo en duda la validez de las resoluciones, debido a las sospechas de la Justicia respecto al título de abogado.
El caso está lejos de terminar debido a que ahora la Fiscalía abrió una causa penal contra el senador por presunta producción de documento público falso, y designó a dos agentes fiscales para investigar la denuncia presentada por legisladores de la oposición, los senadores Celeste Amarilla, Rafael Filizzola e Ignacio Iramain.
Asimismo, en otro giro de la historia, el ex camarista Óscar Rodríguez Kennedy, nombrado decano en la Universidad Sudamericana en marzo de 2016, atribuye la responsabilidad del supuesto título falso a las anteriores autoridades que firmaron el certificado de estudios; al mismo tiempo, deslindó responsabilidad en la firma del documento alegando que ya recibió la torta hecha para colocarle la guinda. “... A nosotros nos presentaron el pescado podrido todo hecho. No pudimos negarnos porque si no, nos sometían a una demanda judicial por incumplimiento de contrato porque cada alumno que se inscribía en la Sudamericana, amén de comprometerse a pagar una cuota, también la universidad se comprometía a otorgar el título respectivo”.
A la luz de los nuevos hechos recién revelados, quedan pocas dudas de que se precisa de una investigación más exhaustiva, pues ya suman graves denuncias que deben ser esclarecidas.
No se debe permitir que estos hechos queden como una anécdota. Este ataque a la institucionalidad lesiona gravemente al Estado de derecho y a la democracia e interpela a la ética y la moral de dos poderes del Estado.
