Tras la postergación de la reunión del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), el viceministro de Trabajo, César Segovia, anunció que el Gobierno Nacional apuesta por un reajuste del salario mínimo legal (SML) por encima del índice de precios al consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay (BCP).
La quinta reunión de Conasam se postergó para el lunes 8 de junio, debido al pedido del representante del sector empresarial, Ing. Enrique Vidal, que justificó la solicitud debido a otros compromisos. También con la intención de contar con la participación de ambos sectores.
Según el BCP, la inflación interanual es de 2,4% y si se utiliza este dato para el aumento del salario mínimo, sería de solo G. 69.577, teniendo en cuenta el monto actual de G. 2.899.048.
El sector de los trabajadores solicita un aumento salarial del 20%, que representa G. 647.021. Mientras que el sector empresarial se mantiene en su postura de que el reajuste sea teniendo en cuenta el IPC.
Al respecto, el viceministro Segovia confirmó que desde el Gobierno Nacional apuestan que sea un monto superior porque los datos de la inflación no reflejan la realidad de los trabajadores.
“El IPC no es el más representativo con relación a la afectación del trabajador que gana salario mínimo o el jornal. El lunes se presentará un informe técnico y vamos a ratificar (el pedido de aumento por encima del IPC). El Ministerio va a visualizar su posición de que es factible negociar para arriba y ahí va a depender ya de la predisposición de las partes (sector empresarial y trabajadores)”, anunció.
ANÁLISIS. El viceministro explicó que está en debate la interpretación jurídica del artículo 255 del Código del Trabajo (que establece el procedimiento legal para el ajuste del salario mínimo), y los demás artículos del capítulo de salario.
“El artículo 255 dice que el reajuste del salario mínimo se da sobre la base de la variación del IPC en el último año”, citó. Este dato, explicó que es entendido por los empresarios como algo taxativo. Es decir, seguir usando la inflación para el reajuste como se hizo en los 3 años anteriores.
AUMENTOS. Desde el año 2016, por ley se establece que el ajuste del salario mínimo sea en función al IPC. En el 2023, fue de 5,5% (G. 130.066) y aumentó el salario a G. 2.680.373.
En el 2024, el salario mínimo tuvo un reajuste del 4,4% (G. 117.936) y alcanzó G. 2.798.309. En el 2025, el incremento fue de 3,6% (G. 100.739) y el monto se fijó en G. 2.899.048.
“Pero el sector sindical sostenía y sigue sosteniendo que la ley da pie a que se pueda ajustar por arriba del IPC, porque dice sobre la base del IPC y su impacto en la economía nacional”, añadió.
Al respecto, dijo que desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) analizaron estos planteamientos de ambos sectores y se ratifican en que la suba puede ser mayor que la inflación.
“Hemos analizado esos planteamientos y consideramos válido y estamos de acuerdo con ese criterio, de que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos puede recomendar por encima del IPC, no necesariamente los 2,4%, que es la variación del IPC, que sería G. 69.577 de reajuste que consideramos nosotros poco justo para el trabajador asalariado de salario mínimo y aquel que gana a jornal”, resaltó.
Añadió que como MTESS respetan al IPC como un instrumento de política monetaria, pero reiteró que no es “muy representativo” para el trabajador que gana un salario mínimo.
Con relación a la propuesta de negociación, el viceministro de Trabajo adelantó que ya plantearon al sector sindical, que pide un ajuste del 20%, y que ese aumento sea por etapas en un plazo de 3 a 4 años.
“Aparentemente hay una predisposición a manejar esa posibilidad, entonces podríamos llegar a porcentajes más razonables y más cercano para convencerle al sector empresarial”, dijo.
Al sector empresarial, solicitarán que si bien en años anteriores fue exclusivo el IPC, que la ley no limita a usar ese dato de la inflación. Y que no es justo el ajuste para este año de G. 69.577.
El viceministro Segovia dijo que están aún en el plazo para que el Conasam remita al Poder Ejecutivo el monto para el reajuste del salario mínimo, cuyo decreto debe emitirse antes del 30 de junio.
POSICIONAMIENTO. Bernardo Rojas, representante de los trabajadores, consideró la suspensión como una decisión unilateral de forma arbitraria. “Cuando no viene el empresario, enseguida se suspende. Entonces, es una actitud desafiante”, lamentó.
Reiteró que se mantienen en su posicionamiento de la suba del 20%.
“Nuestra proyección es invariable y eso vamos a negociar. Si no se negocia el número, no vamos a hablar más”, dijo. Consideró que el monto del IPC de G. 69.577 es inservible.
Ante este escenario repetitivo de cada año, los empleadores y trabajadores continuarán la próxima semana con las negociaciones para el incremento del salario mínimo.
- 2.899.048 guaraníes es la cifra actual que corresponde al salario mínimo legal (SML) en el país.
- 69.577 guaraníes sería el ajuste del salario mínimo legal si se toma en cuenta el IPC interanual.
- 647.021guaraníes es el monto que pide como aumento salarial el sector de los trabajadores.
Sindicalistas critican inflación y aumentazo de Peña
Economía de guerra para el pueblo, mientras la riqueza del presidente Santiago Peña creció un 2.400%, fue el motivo del mitin de la Corriente Clasista Combativa que también se posicionó en contra del uso del índice de precios al consumidor (IPC) para el reajuste del salario mínimo.
El acto de protesta se realizó ayer frente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). Ernesto Ojeda, vocero del gremio, lamentó que mientras se pretende una ínfima suba salarial, el presidente Santiago Peña está mucho mejor porque aumentó su fortuna.
“Nos parece sumamente repudiable que el presidente de la República, Santiago Peña, en menos de 10 años haya aumentado su riqueza en 2.400%, mientras hoy a los trabajadores y trabajadoras le quiere aumentar menos de 70.000 guaraníes, que ni siquiera es para comprar un kilo de carne”, dijo.
Según la Corriente Clasista y Combativa, una familia integrada por cuatro personas requiere G. 7.614.000 al mes para poder cubrir las necesidades de alimentación, vestimenta y otros, por lo que consideran que el salario mínimo legal debe ser este monto, que casi triplica la cifra actual.
Para Ernesto Ojeda, es necesario discutir sobre el costo de vida y de una política salarial para solucionar la situación de la pérdida del poder adquisitivo.
“Las familias trabajadoras en nuestro país hoy están pasando mal porque no nos alcanza para vivir dignamente”, lamentó.
Durante la protesta, el presidente de Conasam, Jorge Rivas, salió a conversar con los gremialistas. En la ocasión, se le reiteró el pedido de realizar audiencias públicas para debatir sobre el salario mínimo.
“El salario mínimo debe discutirse de forma democrática, no solo en cuatro paredes”, insistió.
PROMESA. El presidente Santiago Peña adelantó en abril pasado que podría aumentar la cifra por decreto si no está de acuerdo con la propuesta del Conasam. “El Consejo de Salario Mínimo va a analizar. Me van a hacer una propuesta y voy a reflexionar al interior mío y voy a tomar una decisión”, señaló en declaraciones a la prensa.
