El Instituto de Previsión Social (IPS) plantea realizar una mesa multidisciplinaria para analizar mecanismos a fin de responder amparos judiciales que obligan a la previsional a proveer medicamentos y tratamientos de alto costo. La propuesta fue presentada este jueves por el presidente de la institución, Dr. Isaías Fretes, en una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Alberto Martínez Simón. Fretes anunció que IPS busca involucrar al Ministerio de Salud Pública (MSP) para encauzar estos casos dentro de un marco legal que proteja tanto a los pacientes como a la previsional.
Según estimó Fretes, el IPS destinó aproximadamente G. 11.000 millones en los últimos cinco años para la compra de medicamentos requeridos mediante acciones de amparo. “Hemos consensuado que debe participar también el Ministerio de Salud, porque es la entidad que maneja las políticas de salud de la República y también está comprometida con esta situación”, señaló el titular del IPS.
La iniciativa contempla además la participación de representantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), así como de especialistas del ámbito jurídico y sanitario. Fretes explicó que el objetivo es encontrar mecanismos legales que permitan atender las necesidades de los pacientes sin afectar la sostenibilidad financiera de la institución. “Vamos a hacer una mesa multidisciplinaria para encauzar esta situación dentro de un marco legal y, sobre todo, que tenga un direccionamiento conveniente para el paciente que solicita y para la institución también”, afirmó.
Durante la conferencia de prensa, Fretes rechazó que la propuesta tenga como finalidad imponer filtros o trabas a los amparos judiciales. Agregó que el proceso recién se inicia y que las conclusiones surgirán de las reuniones que se desarrollarán en los próximos meses. “Nosotros también entendemos la posición del Poder Judicial. Viene el pedido y ellos tienen que dar lugar a eso. Entonces hay que encontrar un mecanismo facilitador, porque el ciudadano paraguayo también tiene derecho ”, expresó.
Consultado sobre la posibilidad de crear un consejo médico que emita dictámenes antes de que los casos lleguen a los jueces, Fretes se mostró cauteloso y consideró que la discusión debe centrarse principalmente en el aspecto jurídico. “Esto entra mucho más dentro del campo jurídico. El médico estaría simplemente como un asesor”, indicó.
Casos complejos y enfermedades catastróficas
El presidente del IPS explicó que los pedidos que llegan mediante amparos abarcan una amplia variedad de patologías, muchas de ellas de alta complejidad y con tratamientos costosos. “Son enfermedades catastróficas. La medicina es difícil porque no existen enfermedades, existen enfermos. Cada situación es diferente y no siempre un mismo tratamiento funciona para todos los pacientes”, manifestó.
En ese contexto, sostuvo que no resulta sencillo establecer criterios rígidos para la atención de estos casos debido a la diversidad de diagnósticos y necesidades terapéuticas.
Por su parte, el representante del área jurídica del IPS, Pablo Morínigo, insistió en que la intención no es eludir obligaciones con los asegurados, sino establecer con claridad las competencias de cada institución pública.
El asesor jurídico de la previsional explicó que existen casos en los que los jueces conceden amparos aún cuando existen dudas respecto a si la persona reúne los requisitos para acceder a las prestaciones del IPS. “No queremos huir de las obligaciones para con nuestros asegurados. Lo que queremos es poner límites a eso, porque hay muchos casos donde quizás no se dan todos los presupuestos para entender que la persona es asegurada del IPS”, señaló.
El funcionario reconoció que los magistrados suelen priorizar la protección de la vida humana al resolver estos expedientes, pero consideró necesario involucrar al Ministerio de Salud en aquellos casos donde la responsabilidad pueda corresponder al sistema público en general. “Entendemos que también se le tiene que involucrar al Ministerio de Salud porque finalmente el Estado es el garante de la vida. Es una manera de delimitar las obligaciones de cada ente”, afirmó.
