La Cámara de Senadores otorgó media sanción a un proyecto de ley mediante el cual se aprueba el pago de aproximadamente 100 millones de dólares por intereses moratorios adeudados a las constructoras. En una gestión pública orientada al desarrollo, la deuda pública se justifica teóricamente cuando los fondos captados se destinan a inversiones con una tasa de retorno superior al costo de capital del endeudamiento. Este no es el caso, por lo que el desorden administrativo será pagado por la ciudadanía sin tener beneficios.
Los recursos para financiar este pago se conseguirán a través de la emisión de títulos de deuda del Tesoro; es decir, mediante una nueva colocación de bonos soberanos. Los intereses quedaron pendientes de pago desde la administración anterior, luego de que el actual Gobierno haya emitido unos 600 millones de dólares para saldar las obligaciones acumuladas con las vialeras.
Esta obligación financiera no surge de la ejecución de nuevas obras de infraestructura ni de la adquisición de bienes de capital que expandan la capacidad productiva del país.
Es el resultado de una penalización financiera por el retraso institucional en el cumplimiento de obligaciones contractuales.
Cuando el Estado incurre en retrasos sistemáticos en los pagos a sus proveedores, el problema no es solo público, sino también privado. Los proveedores del Estado, al no recibir los desembolsos previstos, terminan actuando también como financistas involuntarios del sector público.
Esta situación es insostenible en el mediano plazo, ya que las empresas privadas enfrentan costos de oportunidad, problemas de liquidez y compromisos con el sistema bancario.
Al final, el Estado debe hacerse cargo con costos más altos que los planificados.
El resultado es la formalización de una deuda opaca que no fue incorporada a los costos iniciales; por lo tanto, se distorsionan todas las justificaciones que inicialmente argumentaban la necesidad de la obra, sus costos, beneficios y el endeudamiento público inicial que finalmente resultó ser mucho mayor que el previsto.
Los 100 millones de dólares representan un claro ejemplo de ineficiencia que dará lugar a un aumento de la deuda pública sin retorno económico y con un mayor costo de la obra. Además de generar costos de oportunidad, ya que esos recursos que eran necesarios para ampliar el capital humano –educación y salud– no serán invertidos ahí. Si un país incrementa su ratio deuda/PIB por ineficiencia y no para financiar inversión que aumente la productividad laboral y el crecimiento económico, el espacio fiscal se reduce incrementando el costo general de financiamiento para toda la economía en su conjunto. La mala gestión de los contratos con proveedores del Estado refleja las severas deficiencias del sistema de planificación y presupuestación.
La acumulación de una deuda en intereses refleja una desconexión entre la programación física de las obras y la programación financiera del Tesoro. Es evidente la falta de un sistema integrado y vinculante que impida la firma de contratos de obras públicas que no cuenten con recursos.
Otra consecuencia de un Estado mal pagador es que los proveedores privados internalizan el riesgo financiero en sus propuestas económicas futuras. La ineficiencia de la gestión pública no solo genera una deuda en el presente, sino que aumenta el costo de toda la infraestructura pública futura, disminuyendo la competitividad del país y reduciendo el valor del dinero del contribuyente. La aparición de pasivos no registrados formalmente en el presupuesto tradicional introduce, además, opacidad en las cuentas públicas, lo que deteriora la confianza no solo de proveedores, sino de la sociedad en su conjunto y de otros agentes económicos como el sector financiero nacional e internacional.
Las autoridades económicas deben garantizar que sea la planificación financiera la que guíe el ritmo de la contratación pública y no la presión de los grupos de interés como políticos y contratistas del Estado. La estabilidad y la sostenibilidad económica de largo plazo exigen que el saneamiento actual de las cuentas con los proveedores sea el inicio de una reforma que impida que este problema se repita, ya que no es la primera vez que ocurren retrasos.
