La política paraguaya demostró recientemente destellos de madurez que merecen ser celebrados y, sobre todo, replicados. Hemos visto cómo la creación de la Mesa Energética Nacional logró sentar en una misma sala a diversos sectores. Allí, expertos, técnicos y autoridades debaten el futuro de nuestros recursos hidroeléctricos con una visión de Estado. Del mismo modo, la reciente reunión de ex ministros de Economía marcó un hito en nuestra incipiente cultura política. Ver a antiguos adversarios y ex funcionarios compartir diagnósticos macroeconómicos es un ejercicio de civismo invaluable y más aún se resalta que el Gobierno haya decidido sincerar la salud financiera del Estado.
Estas instancias demuestran que, cuando la urgencia lo amerita, somos capaces de dejar de lado la trinchera partidaria. Sin embargo, hay un elefante que sigue siendo alarmantemente ignorado por la alta política nacional. Hablamos de la crisis estructural, financiera y sanitaria que carcome día a día al Instituto de Previsión Social (IPS). Resulta incomprensible que la institución que custodia la salud y la jubilación de los trabajadores no tenga su propia mesa. Necesitamos, con urgencia extrema, una gran Mesa Nacional de Salvataje enfocada exclusivamente en reformar el IPS. Una instancia donde ex presidentes, sanitaristas, economistas y representantes obrero-patronales se sienten a dialogar.
El IPS no puede seguir siendo un botín político ni un experimento administrativo para las conveniencias de turnos. La salud de nuestros trabajadores y el futuro de las jubilaciones exigen el mismo nivel de seriedad que la tarifa de Itaipú. O que la histórica calificación de grado de inversión que tanto celebramos recientemente en todos los foros económicos.
Hoy, la conducción del IPS está en manos de Isaías Fretes, un titular que ha sabido ganarse el favor de las cámaras. Fretes es, innegablemente, una figura mediática, sumamente carismática y hasta divertida en sus intervenciones públicas. Su estilo descontracturado aporta cierta frescura en un ambiente institucional que normalmente es gris, denso y burocrático. Pero la simpatía de un director no cura el dramático desabastecimiento de medicamentos en las farmacias del hospital ni salva vidas. Tampoco los chistes en televisión resuelven el agujero actuarial que amenaza el fondo de jubilaciones a mediano plazo.
El carisma en la gestión pública es un analgésico temporal para la opinión ciudadana, no un tratamiento de fondo real. El gobierno actual parece sentirse demasiado cómodo escudándose detrás de la innegable popularidad de su divertido titular. Mientras Fretes entretiene y apacigua los ánimos, el Ejecutivo evita hablar de reformas dolorosas. Pero el tiempo de las relaciones públicas se está agotando velozmente frente a la cruda realidad de los pasillos abarrotados.
La administración central debe entender de una vez que el respaldo a una figura simpática no equivale a una política de Estado. Es el gobierno el que debe asumir una postura firme, valiente y definitiva si realmente pretende salvar al IPS del colapso. Esto implica convocar a los que saben, a los que ya estuvieron y a los que sufrirán las consecuencias de una inacción.
Una Mesa del IPS permitiría transparentar esos números reales que muchas veces se maquillan en los informes oficiales. Los ex funcionarios aportarían lecciones invaluables sobre qué licitaciones fallaron y qué mafias internas urge desmantelar. Los referentes económicos podrían trazar una hoja de ruta técnica para blindar los fondos contra la voracidad política. El presidente de la República tiene que liderar este proceso. Ya no basta con palmearle la espalda a Fretes y dejarlo solo frente a un monstruo institucional ingobernable. Se requiere una férrea voluntad política para enfrentar a los proveedores de insumos que han cartelizado los precios.
Una mesa de expertos le daría al Poder Ejecutivo el anhelado respaldo técnico para poder tomar estas medidas impopulares. Si las decisiones drásticas surgen de un consenso amplio y plural, el costo político se diluye y la viabilidad aumenta. ¿Por qué seguir negándole esa misma inteligencia colectiva a la institución de seguridad social más importante del país?
