Veinticuatro tiros contra un automóvil. Dos personas muertas. Ocho policías condenados. Dos de ellos a 12 años de prisión y otros seis a 7. Casi cuatro años tuvieron que pasar desde aquella noche del 19 de noviembre de 2022 para que un Tribunal de Sentencia de Ciudad del Este declarara culpables a ocho agentes policiales por la muerte de Álex Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia y Gloria Yétsica Espínola Cáceres.
Álex murió aquella misma noche. Gloria sobrevivió 78 días internada hasta que también falleció. Viajaban en un Toyota Allion cuando fueron alcanzados por los disparos durante un procedimiento policial. El juicio oral comenzó el 28 de julio de este año y terminó este 17 de setiembre. Dos agentes de Investigación de Delitos recibieron las penas mayores, de 12 años; seis integrantes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), 7 años. Otros dos policías fueron absueltos. La sentencia es importante no solamente por las condenas, sino porque vuelve a colocar sobre la mesa una práctica que en Paraguay conocemos bajo una expresión incómodamente cotidiana: “Gatillo fácil”. Policías que, amparados en la autoridad que les otorga el uniforme y con armas entregadas por el Estado, disparan cuando no deberían hacerlo, disparan más de lo necesario o disparan contra quienes ni siquiera constituían una amenaza.
En nuestras investigaciones sobre prácticas policiales venimos encontrando distintas formas de ilegalidad protagonizadas por agentes, que van desde coimas, extorsiones, apropiaciones, protección de mercados ilegales, violencia, lesiones y hasta homicidios. Son prácticas diferentes, pero tienen un punto de encuentro, ya que muestran que la ilegalidad policial no siempre puede explicarse como la conducta excepcional de una “manzana podrida”.
La condena de Ciudad del Este adquiere todavía mayor relevancia porque llegó en medio de fuertes posiciones públicas en defensa de los acusados y una importante exposición mediática del caso. La presunción de inocencia debía protegerlos durante todo el proceso, como a cualquier persona sometida a juicio. Pero defender esa garantía no significa reclamar impunidad. Un tribunal, después de un extenso juicio oral, consideró probada la responsabilidad penal de ocho agentes.
Y mientras conocemos esta sentencia, resulta inevitable recordar Alberdi. En julio pasado, Federick Nahuel Cáceres Sosa, de 22 años, circulaba también en un Toyota Allion cuando policías que participaban de un operativo dispararon contra su automóvil. La pericia contabilizó 37 impactos. Uno de los proyectiles alcanzó la cabeza y lo mató. Ocho policías fueron imputados por homicidio doloso.
Ciudad del Este y Alberdi están separados por cientos de kilómetros y casi cuatro años. Jurídicamente son situaciones diferentes. En el primer caso existe una sentencia después de un juicio oral; en el segundo, una investigación en curso y policías que conservan su estado de inocencia. Pero criminológicamente resulta inevitable poner ambos hechos en diálogo.
Veinticuatro disparos en Ciudad del Este. Treinta y siete en Alberdi. Varios policías disparando contra un automóvil.
¿Qué ocurre dentro de una institución para que una intervención pueda terminar con decenas de disparos? ¿Qué comprensión del uso de la fuerza se transmite? ¿Qué controles funcionan antes, durante y después de los procedimientos? Y, sobre todo, ¿qué mensaje reciben los policías cuando actuaciones de este tipo quedan impunes?
Por eso la sentencia de Ciudad del Este constituye una esperanza. No devolverá la vida a Álex y Gloria ni solucionará los problemas estructurales de la Policía Nacional. Tampoco significa que toda intervención policial cuestionada deba terminar en condena. Significa que policías que matan también pueden ser condenados.
En Alberdi fueron 37 disparos. En Ciudad del Este fueron 24 y ahora existen condenas entre 7 y 12 años. Tal vez este sea el mensaje más importante de la sentencia. Mandamos un mensaje político y comunicacional que no vamos a tolerar a los polibandis que asesinan.
