El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social reveló los resultados de un informe técnico por el cual buscan establecer un diálogo abierto sobre la necesidad de impulsar una reforma laboral a fin de “proteger” el empleo formal, según el documento, cuyo punto principal es la estabilidad por antigüedad.
Con base en los datos del Instituido de Previsión Social (IPS), desde el 2000 al 2022, muestran que solo 13,7% de los trabajadores logran llegar al “umbral” de los 10 años de servicio en la misma empresa, frente al 86,3% de los colaboradores que son desvinculados antes de alcanzar la estabilidad “absoluta”.
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“Esto constituye la primera evidencia concreta que apoya la hipótesis de que los trabajadores que van acumulando cerca de 10 años de antigüedad en la empresa tienden a ser excluidos de la misma, por la normativa que habilita la condición de estabilidad o inamovilidad alcanzada a partir de los 9,5 años de antigüedad”, refuerza el documento.
Sin embargo, la inamovilidad solo se menciona una sola vez en el Código Laboral vigente, en su artículo 136, que incorpora esta figura una vez “que el empleador haya sido notificado del embarazo de una trabajadora y mientras ésta disfrute de los descansos de maternidad, será nulo el preaviso y el despido decididos por el empleador”.
Asimismo, realizó un comparativo con los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua, del Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestra que solo el 26% de los trabajadores del sector privado han trabajado 10 años o más en el mismo establecimiento.
Desde el 2013, esta cifra ha disminuido 4.5 puntos porcentuales.
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Mientras que solo el 22.9% de los trabajadores que están dentro de los rubros de comercio, restaurantes y hoteles alcanza los 10 años de antigüedad.
El 74% de los casos donde se decide terminar la relación laboral entre el trabajador con estabilidad y el empleador se produce por mutuo acuerdo, sin llegar a instancias judiciales.
A partir de estos resultados, la cartera del Estado, a cargo de Mónica Recalde, busca instalar una conversación amplia con todos los sectores para impulsar la revisión del marco legal para proteger los derechos laborales, pero sin “afectar” el desarrollo de las empresas.
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“Necesitamos un marco legal que incentive la permanencia de los empleados en sus puestos y que, al mismo tiempo, sea justo para los empleadores. La estabilidad laboral no debe ser vista como un obstáculo, sino como un medio para mejorar las condiciones laborales y promover el crecimiento del empleo formal en el país”, remarcó la ministra.
El presidente de la República, Santiago Peña, consideró que la estabilidad laboral “está condenando al trabajador paraguayo a no jubilarse”, para luego anunciar que llevará adelante el “mayor cambio en la historia de la ley laboral en Paraguay”.
