La legislación garantiza la cobertura del 100 por ciento para los pacientes de Covid-19 tanto en el sector público, previsional y privado, incluyendo medicamentos, estudios e insumos, de acuerdo con la reglamentación y el control que efectuará el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
La ley debe ser reglamentada en un plazo máximo de siete días. Además, para su aplicación se cuenta con un financiamiento de USD 32 millones, provenientes de saldos no ejecutados de la Ley de Emergencia Sanitaria del Covid-19. Igualmente, la normativa autoriza al Ejecutivo la utilización de los fondos socioambientales de las binacionales Itaipú y Yacyretá para cubrir los gastos.
Por ejemplo, se establece que en caso de que el hospital no cuente con lo necesario, la medicación será retirada de una farmacia privada, o los estudios realizados en un centro privado, para luego ser abonados por el Ministerio de Salud o el Instituto de Previsión Social (IPS).
La normativa fue aprobada por el Senado el martes pasado, y por la Cámara Baja al día siguiente, luego de las denuncias de familiares de pacientes que deben deambular en busca de medicamentos o apelar a la solidaridad para cubrir los gastos de internación, por las deficiencias existentes en los hospitales públicos.
Salvar vidas. Los legisladores del Frente Guasu aplaudieron la promulgación de la ley, y esperan que la norma contribuya a salvar vidas y a aliviar la “catastrófica situación económica de las familias que están enfrentando los gastos de pacientes en UTI”. Agregaron que la salud pública gratuita y de calidad para todos los paraguayos y paraguayas es un derecho.
La senadora Esperanza Martínez celebró la promulgación y destacó que el Frente Guasu participó activamente en la elaboración de la propuesta. “La gente hoy tiene el derecho a ser cubierta en todos sus gastos de internación hospitalaria con indicación de terapia. Es muy importante aunque no suficiente, y va a dar un alivio a toda la población”, expresó.
