En la causa, la fiscala Karina Caballero presentó una nueva imputación contra el juez de Paz de Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, y contra otras diez personas, por hechos relacionados con juicios ejecutivos promovidos con pagarés ya cancelados o de contenido falso. La investigación fiscal habla de un perjuicio patrimonial a la entidad de G. 5.541.026.492.
Al respecto, Blanca Melo, una de las víctimas, mencionó “nos encontramos que también somos víctimas de la mafia de los pagarés, porque estas empresas nos hacían firmar doble pagarés. Firmábamos con nuestra asociación, que cuando pagábamos todas nuestras deudas supuestamente nos devolvía y la otra empresa también nos hacía firmar un pagarés y que después esperaban un momento para poder ejecutar como ellos quisieran, sin habernos notificados y con las firmas de jueces que apañaron este proceso de principio a fin”.
Recordó sobre las justificaciones que alegaron los ujieres en sus supuestas presentaciones de las notificaciones “voladoras”. “En uno de los casos ya fue hasta simpático porque decía como dirección acá en nuestra institución (en SNPP) y decía que aplaudieron muchísimo y que nadie salió a atenderles, cuando acá tenemos guardia de seguridad y compañeros que están para atender y recibir todo tipo de documentos y era así en casi todos los expedientes”, señaló.
Por último, remarcó: “No notificaron, no pasamos por ningún juicio, no pudimos defendernos, no pudimos presentar nuestras pruebas de doble pagos que estamos haciendo, triple en algunos casos, que ya habían cancelados (la deuda) dos veces y le volvían a venir embargos”.
En esta causa, además del juez Nilo Rodríguez están procesados sus actuarias Gloria Morínigo Gill y Rosa del Pilar Lezcano Correa, y la ujier notificadora, Ingrid Macarena Prette Goldenberg, además de los directivos de la asociación, y de las firmas Serfin SA. y Presto SA.
