Velázquez, quien la semana pasada se dijo dispuesto a dimitir después de que EEUU lo incluyera en su lista de corruptos, cambió de parecer el jueves y anunció que pedirá más pruebas de las acusaciones en su contra.
“Por ahora, no podemos revelar ningún detalle más de los que ya son públicos por temor a que se pueda afectar a las investigaciones policiales en curso o futuras”, dijo a Efe un portavoz del Departamento de Estado.
La misma fuente afirmó que la sanción contra Velázquez no obedece a “motivos políticos” y reivindicó que el Gobierno de Estados Unidos “tiene derecho para decidir” quién puede y quién no puede entrar a su país.
Recordó que la ley obliga al secretario de Estado, Antony Blinken, a sancionar a los funcionarios de gobiernos extranjeros y a sus familiares cercanos cuando tenga “información creíble” de que están involucrados en graves casos de corrupción, como puede ser el caso del vicepresidente paraguayo.
El portavoz del Departamento de Estado añadió que Estados Unidos “seguirá trabajando” con el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en “áreas de intereses comunes”.
El pasado 12 de agosto, Estados Unidos anunció la inclusión del vicepresidente paraguayo en su lista de corruptos, por lo que se le prohibió automáticamente la entrada al país.
Velázquez habría pedido al también sancionado asesor jurídico de la empresa Yacyretá (EBY), Juan Carlos Duarte, que ofreciera un soborno de más de un millón de dólares a un funcionario público para obstruir investigaciones en su contra.
Tras el anuncio de EEUU, el vicepresidente rechazó las acusaciones, pero dijo que renunciaría al cargo para defenderse como un ciudadano común.
Sin embargo, este jueves se retractó y afirmó que esperará a tener más pruebas de las acusaciones en su contra. EFE
