Opinión

EEUU muestra que Justicia del Paraguay no castiga a corruptos

La decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de designar al diputado colorado Ulises Quintana como “persona significativamente corrupta” y negarle de por vida la entrada al país del Norte es un duro cuestionamiento internacional a la Justicia paraguaya, que muestra una excesiva y bochornosa lentitud en decidir los procesos de corrupción que envuelven a personas vinculadas al poder político, sumándose a los escandalosos casos del ex senador Óscar González Daher y del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón. También es un fuerte reproche a los líderes del Partido Colorado, el ex presidente Horacio Cartes y el actual, Mario Abdo Benítez, que habilitan y apoyan como precandidato a intendente de Ciudad del Este a un personaje procesado por narcotráfico y con funestos antecedentes aún sin resolver. Un hecho que refuerza la imagen de un país con altos niveles de corrupción e impunidad.

La Corte Suprema de Justicia venía manteniendo congelado desde diciembre de 2019 el caso judicial del presunto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña y de su presunto cómplice, el diputado colorado por Alto Paraná Ulises Quintana, acusados e imputados por narcotráfico, lavado de dinero, asociación criminal y otros delitos, junto a varios otros involucrados, permitiendo de este modo que el legislador oficialista haya podido quedar otra vez en libertad, recuperando su banca en el Congreso y logrando lanzarse como precandidato a intendente municipal de Ciudad del Este por el movimiento Concordia Colorada, con el aval directo del ex presidente de la República Horacio Cartes y el apoyo tácito del actual mandatario, Mario Abdo Benítez.

Este alevoso operativo de “blanqueo” e impunidad contra un político procesado judicialmente por narcotráfico, acerca de quien se han mostrado importantes evidencias de su participación en un esquema corrupto y criminal, parecía encaminarse nuevamente hacia el oparei, cuando una inesperada noticia explotó el martes, a través de una comunicación en Twitter del propio secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, Antony Blinken, y otras comunicaciones oficiales.

Blinken posteó que “las acciones corruptas del representante paraguayo Ulises Quintana facilitaron el crimen organizado transnacional y socavaron el estado de derecho en Paraguay. Lo estoy declarando públicamente inelegible para ingresar a los EEUU”, lo cual supone que se le niega oficialmente la visa que le pueda permitir visitar dicha nación.

De este modo, en poco tiempo, el Gobierno de Estados Unidos ha procedido a negarles la visa de entrada de por vida a tres destacados políticos y ex autoridades paraguayas, ligados al gobernante Partido Colorado y procesados por hechos de corrupción: además del diputado Ulises Quintana, al ex senador Óscar González Daher y al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón. También hay que recordar que otra ex diputada colorada y ex precandidata a intendente de Asunción, Cynthia Tarragó, está presa en Estados Unidos por lavado de dinero.

Aunque se pueda cuestionar la medida de una potencia mundial como los Estados Unidos, no se puede negar que constituye un duro cuestionamiento internacional a la Justicia paraguaya, poniendo en evidencia que esta demuestra una excesiva y bochornosa lentitud en decidir los procesos de corrupción que envuelven a personas vinculadas al poder político, hasta el punto de instalar que esta desidia o inutilidad es una forma de complicidad con los corruptos.

También es un fuerte reproche a los principales líderes del Partido Colorado, el ex presidente de la República Horacio Cartes y el actual Mario Abdo Benítez, quienes a través del llamado Operativo Cicatriz y el nuevo movimiento Concordia Colorada (unión coyuntural del movimiento Honor Colorado, de Cartes, y Colorado Añetete, de Marito) habilitan y apoyan como precandidato a intendente de Ciudad del Este a un personaje procesado por narcotráfico y con funestos antecedentes aún sin resolver. Un hecho que refuerza la imagen de un país con altos niveles de corrupción e impunidad.

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