La organización Washington Office on Latin America (WOLA) publicó el pasado 13 de junio un informe que examina la restricción del espacio cívico en cinco países, entre ellos Paraguay, donde los gobernantes introducen cambios regulatorios y legislativos.
“Muchas de estas restricciones se han inspirado en leyes restrictivas similares de Rusia, Nicaragua y otros países”, indican desde WOLA.
En noviembre del 2024, el presidente Santiago Peña promulgó la Ley de Transparencia de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), más conocida como ley garrote o de control a las ONG.
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WOLA describe que la medida busca imponer una supervisión estricta a las ONG en Paraguay.
“El lenguaje impreciso de la ley y las excesivas exigencias burocráticas podrían utilizarse fácilmente para hostigar o silenciar voces críticas, en particular las de organizaciones pequeñas o de base con capacidad limitada para cumplir con dichas obligaciones”, subrayan en el informe.
Además, se amenaza la privacidad de donantes y beneficiarios.
Desde su presentación en el Congreso Nacional, donde la ley se aprobó sin muchos trámites, varias organizaciones, como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), GAFI, Amnistía Internacional, emitieron alertas sobre esta ley que consideran antidemocrática.
Otro punto que resaltan en el informe es la creación de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), también conocida como comisión garrote, para investigar el presunto lavado de dinero por parte de organizaciones.
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“La Ley 7363 no solo representa un ataque legal a la sociedad civil, sino un cambio simbólico en la trayectoria democrática de Paraguay: Una señal de que la disidencia, el escrutinio y la organización independiente ya no son bienvenidos a los ojos de quienes están en el poder”, concluyeron.
WOLA sostiene que las leyes anti-ONG “se han inspirado en la Ley de Agentes Extranjeros de Rusia” del 2012. En el reporte también se señala a Guatemala, Venezuela y El Salvador.
“Estos gobiernos también han promulgado leyes diseñadas para dificultar, si no imposibilitar, la operación de las organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil”, advirtieron.
Desde WOLA recordaron que el espacio cívico es un elemento fundamental para el funcionamiento de una democracia.
En Latinoamérica, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ostenta la notoria distinción de haber implementado las leyes y medidas anti-ONG.
