El supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue acusado por conspiración narcoterrorista, conspiración para poseer con intención de distribuir cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos y lavado de dinero, informó el diario uruguayo Búsqueda.
Esta segunda acusación, que se suma al delito por conspiración por lavado de dinero, fue presentada el 25 de junio ante el juzgado del Distrito de Virginia.
Los fiscales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg describen en el documento que la organización de Sebastián Marset obtenía cocaína de Perú, Colombia y Bolivia.
De acuerdo con la investigación, la droga se transportaba desde los laboratorios de los países de origen a los puertos de Brasil, Paraguay y Brasil, cuyos cargamentos se enviaban en contenedores a todo el mundo, en especial a Portugal, España, Países Bajos y Bélgica para su posterior distribución.
Los transportes también se hacían a través de embarcaciones sin nombre ni nacionalidad.
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Según la acusación, entre el 2018 y el 13 de marzo de 2026, fecha en que fue detenido en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Marset “se asoció, conspiró, confabuló y acordó con otras personas, conocidas y desconocidas”, de manera consciente e intencional, “para cometer los delitos contra los Estados Unidos”.
En el escrito agregaron que su organización participó en actividades terroristas y en el terrorismo.
El acusado operaba con un ciudadano colombiano que se encargaba de supervisar la importación de cocaína en Europa desde Sudamérica y del depósito de los ingresos procedentes del narcotraficante a lavadores de dinero que trabajaban a nombre de la organización.
Otro co-conspirador no acusado es un lavador de dinero transnacional con sede en Paraguay, además del uruguayo Ezequiel Santoro, alias Capitán, quien fue el colaborador cercano de Marset para el lavado de dinero transnacional.
Lavado de dinero
Como mecanismos de lavado de dinero, Marset y sus cómplices aparentemente movían grandes cantidades en euros a través de la creación de facturas falsas de distintas empresas europeas que justificaban las transacciones.
Santoro y un cómplice se encargaban de lavar las ganancias procedentes del narcotráfico y se las devolvían a Marset. Asimismo, Santoro lavaba parte de sus fondos haciendo que sus cómplices depositaran los fondos en diversas empresas europeas y, posteriormente, ordenando que el dinero se transfiriera internacionalmente en dólares estadounidenses.
“La gran mayoría de estos fondos involucraba a bancos corresponsales con sede en Estados Unidos que facilitaban las transacciones”, menciona el documento.
El 18 de febrero de 2021, Santoro transfirió USD 31.800 procedentes del narcotráfico desde el banco portugués Novo Banco SA “a la cuenta de un proveedor chino de transporte de carga y logística con la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, como parte del esquema de lavado de dinero”.
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Por su parte, Bank of America “actuó como banco corresponsal para la transacción, y sus servidores, ubicados en Richmond, Virginia, dentro del Distrito Este de Virginia, procesaron la transacción”.
De acuerdo con la acusación, Santoro y el lavador con sede en Paraguay blanquearon en total “cientos de millones de dólares en nombre de la organización de tráfico de drogas MARSET”. Santoro fue condenado a 15 años de cárcel por lavar USD 11 millones de ganancias del narcotráfico.
El Primer Cartel Uruguayo usaba también criptomonedas, en particular USDT, para blanquear las ganancias del narcotráfico.
Amenazas y actos de violencia
Marset es señalado como un narcotraficante peligroso que amenazaba, intentaba cumplirlas y las ejecutaba no solamente para obtener beneficios económicos, sino también para asegurar su propia libertad e intimidar a otros para que se sometieran a su voluntad.
En sus actividades violentas se utilizaron armas, dispositivos peligrosos, armas de fuego y explosivos, y citan, por ejemplo, la vez que Marset hizo que, el 9 de mayo del 2020, un cómplice detonara una granada en el estacionamiento de la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de la Policía Nacional de Uruguay.
Un día después, el 10 de mayo del mismo año, ordenó el envío de un mensaje de texto amenazante a un fiscal uruguayo involucrado en investigaciones que afectaban a su organización.
“El mensaje decía, en esencia, que las autoridades debían respetar a la PCU para evitar nuevos actos violentos por parte de esta, y que si las autoridades le ponían las cosas difíciles a la PCU, la PCU les pondría las cosas difíciles a las autoridades”.
En setiembre del 2020, el narco supuestamente mató a disparos a un cómplice porque creía que estaba conspirando contra él y su cartel.
El asesinato del empresario Mauricio Schwartzman, de 52 años, ocurrido el 12 de setiembre del 2021, fue aparentemente ordenado por Marset “porque creía que este estaba cooperando con las autoridades”.
El 26 de marzo de 2025, un agente de la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA) se puso en contacto con Marset para que se entregara, pero este respondió con amenazas.
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Sobre el delito de conspiración para transportar drogas en embarcaciones, el documento señala que el 16 de junio de 2024, Marset y otras personas conocidas y desconocidas distribuían cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Lista II, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos.
Siguiendo con la descripción, Marset había conspirado con un miembro del Clan del Golfo de Colombia y otras personas para transportar aproximadamente 1.700 kilogramos de cocaína en una lancha rápida desde Colombia a Costa Rica, la cual partió de Altos de Julio, Colombia, o sus alrededores, y salió de las aguas territoriales de Colombia. Sin embargo, las autoridades colombianas interceptaron la embarcación en el mar Caribe y detuvieron a las personas a bordo.
Durante la interceptación se produjo una breve persecución, y las personas a bordo de la lancha rápida arrojaron la carga al mar, que más tarde fue recuperada.
En la publicación del diario uruguayo Búsqueda indica que la lectura de los nuevos cargos se realizará en una audiencia judicial prevista para el próximo 7 de julio ante la jueza Rossie Alston Jr.
La segunda acusación se da a conocer luego de que se revelara la carta que Marset escribió desde la cárcel, denunciando que dos agentes federales lo habían extorsionado para robarle USD 4 millones en criptomonedas. En la misiva también contaba que despidió a todo su equipo legal en Estados Unidos por negarse a presentar la denuncia o a presentar mociones para destituir al fiscal principal del caso.
