“El Gobierno de Paraguay no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas”, resalta el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la lucha para erradicar la trata de personas en el país.
Si bien en el documento resaltan el aumento general en sus esfuerzos para lograrlo, Paraguay se mantiene en el nivel 2.
Como esfuerzos significativos del Gobierno citan el enjuiciamiento y condena de traficantes; la identificación de más víctimas, el aumento de la coordinación interinstitucional en la atención a las víctimas, la actualización de procedimientos y la firma de un acuerdo para fortalecer los esfuerzos para prevenir la explotación y el abuso sexual comercial infantil extraterritorial.
La trata sexual y laboral constituye un delito con pena privativa de libertad de hasta ocho años de cárcel y de dos a 20 años para casos que involucren a menores de edad.
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No obstante, la hoja de ruta para su erradicación sigue sin apuntar a las áreas clave.
Según el informe, el gobierno no ofrece opciones de refugio a las víctimas masculinas adultas, asigna recursos insuficientes, no establece un mecanismo de financiamiento para el programa contra la trata como exige la ley; se investigan menos casos y los funcionarios evalúan de manera inconsistente los grupos vulnerables para detectar indicadores de trata.
Tampoco ha realizado esfuerzos suficientes para abordar las prácticas abusivas y las condiciones laborales comunes en situaciones de criadazgo, que pueden dar lugar a condiciones de trata.
En 2025, la Cámara de Senadores rechazó un proyecto de ley para eliminar la práctica del criadazgo en Paraguay, castigando con una pena de hasta 20 años de cárcel. En pleno estudio, los legisladores Gustavo Leite y Dionisio Amarilla justifican estas prácticas como una cultura o paraguayidad.
A la fecha, se desconoce el número exacto de niños paraguayos que trabajan en situaciones de criadazgo.
Ese año, se investigaron 69 casos de trata de personas, de los cuales 24 era de trata sexual, 32 era por trabajo forzoso y 13 de trata no especificada. Se procesaron a 50 sospechosos, mientras que se condenaron a 16 traficantes.
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Mientras que el 2024 se llevaron adelanto 139 investigaciones, 12 procesamientos y cuatro condenas.
En cuanto a la protección a las víctimas, los esfuerzos se han incrementado ligeramente. Aunque se han convocado a 16 agencias gubernamentales para coordinar esfuerzos con la trata, el “gobierno no tenía un protocolo universal para facilitar la identificación proactiva de las víctimas. Salvo algunas entidades gubernamentales individuales, tenían protocolos internos.
Las víctimas debían ser certificadas formalmente para acceder a servicios de salud, apoyo legal y asistencia para la repatriación.
Las víctimas masculinas adultas de trata no contaban con un albergue; la mayoría volvía a sus hogares y tenía dificultades para acceder a otros servicios de apoyo. Esta situación aumentaba la vulnerabilidad por la revictimización.
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A pesar de extender la vigencia del Plan Nacional de Acción 2020-2024 hasta 2026, “las dificultades en la coordinación interinstitucional y la falta de personal en agencias clave obstaculizaron los esfuerzos contra la trata”.
Otro punto que resalta el documento menciona que “el gobierno no tomó medidas para prevenir el uso de trabajo forzoso o trabajo infantil en violación de las normas internacionales”, ni ha informado sobre una responsabilización civil y pena a reclutadores de trabajo fraudulentos.
Las redes sociales son el canal principal para captar a las víctimas a través de ofertas de trabajo engañosas o con la amenaza de difundir contenido íntimo en línea como medio de coacción. Se han identificado víctimas paraguayas en Argentina, Brasil, Camboya y otros países, incluyendo Europa.
