Paraguay y Brasil iniciarán oficialmente la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú el jueves, tras cumplirse 50 años de la entrada en vigencia del documento binacional. Hasta ahora, según la opinión y el análisis de expertos, los beneficios de la mayor generadora de energía limpia y renovable del planeta fueron más para Brasil. Es más, hay acusaciones –valederas por cierto– que califican el tratado firmado por ambos países como leonino, con provechos mayores en favor del gigante sudamericano, por supuesto.
El pasado 13 de agosto se cumplió el plazo para la obligatoria revisión, de su Anexo C, si bien las negociaciones podrían haber empezado antes, e incorporar en la discusión al Tratado, aunque es cierto que al depender de la voluntad de Brasil (al que conviene el statu quo) tal situación hubiera sido prácticamente imposible.
El Anexo C rige las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la entidad y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva había dicho, durante la toma de posesión del director general brasileño, Enio Verri, que las negociaciones deben tener en cuenta la realidad y las asimetrías entre Brasil y Paraguay, los dos socios del emprendimiento. Esperemos que eso se cumpla. Hay buenos antecedentes en el Acuerdo Lugo-Lula.
No obstante, existen otros temas que deben discutirse, como la deuda ilegal de USD 4193 millones confirmada por la propia Contraloría General de la República (CGR). Esa situación no puede quedar impune en la historia, es demasiado para un país como Paraguay. En este sentido, tienen que auditarse USD 63.500 millones que terminó costando la construcción tras el pago de una última cuota el pasado 28 de febrero. Hubo un incremento de 1.700% en relación con las estimaciones iniciales. ¿Qué pasó ahí? Hay bancos beneficiados, ¿cuáles fueron?
Otra pregunta que tienen que responder es, ¿en qué bancos están depositados los recursos que genera la entidad y dónde deberían estar? Al ser un condominio, entiendo que es miti miti, ¿verdad? Así hay iguales posibilidades de inversión con los capitales disponibles.
Además, Itaipú tiene que generar más recursos financieros para nuestro país, y esos recursos tienen que formar parte del Presupuesto General de la Nación, para una clara auditoría, en favor de la transparencia que tanto pregona la central hidroeléctrica, pero a la que se resiste incluso con acciones ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
No puede ser que una empresa esté por encima de los Estados. No puede ser que la entidad sea pública para financiarse a través del pago de un servicio público (electricidad), sus empleados (Directorio y consejeros) sean designados por funcionarios (los presidentes de ambos países), pero la administración no abre sus puertas para el control. Itaipú es pagada por los pueblos paraguayo y brasileño y el beneficio tiene que ser para ambos pueblos.
Tampoco debemos dejar de lado el tan mentado Artículo XIII del Tratado, que señala en su primer párrafo que “la energía producida por el aprovechamiento hidroeléctrico a que se refiere el Artículo I será dividida en partes iguales entre los dos países, siendo reconocido a cada uno de ellos el derecho de adquisición, en la forma establecida en el Artículo XIV, de la energía que no sea utilizada por el otro país para su propio consumo” (https://tinyurl.com/56zd5d6a). Paraguay tiene derecho a comercializar su energía a precio de mercado, o al menos a ya no recibir migajas por ella.
Finalmente, preocupa el silencio sobre las propuestas del Gobierno para esta monumental negociación. Nunca fue un sinónimo de buenos augurios, la opacidad en este asunto. Sin embargo, puede ser una estrategia, dejo el beneficio de la duda. Hubo palabras alentadoras del presidente Santiago Peña, quien apunta a la entidad como impulsora del desarrollo, así que aguardamos que cumpla con su compromiso. Es la hora de la verdad.
