Las docentes Sandra Coronel, que estuvo en el Palacio de Justicia junto con Rosa Coronel y Carmen Rodríguez, leyeron un comunicado que emitió la Coordinadora de la Mafia de los pagarés, en la cual critican la decisión del máximo Tribunal sobre el pedido de cese de los descuentos.
Sandra Coronel remarcó que su caso ya tiene denuncia penal y que le embargaron prácticamente el 90 por ciento de su salario, con lo que cobraba un millón de guaraníes. Dijo que ella sufre de cáncer y que su hijo tiene autismo por lo que le era imposible vivir con ese salario.
La misma alegó que denunció el caso a la prensa y que le llamaron desde el Senado. Refirió que venían porque en la sesión de la Corte de ayer se pronunció con que ellos no podían levantar medidas cautelares en forma genérica. Indicó que la manifestación de la coordinadora de víctimas se haría el 22 de setiembre.
Acotó que las medidas adoptadas no corresponden, ya que dicen que no tienen presupuesto, pero no lo piden. “No pedimos el cese total de los descuentos, sino el cese temporal, cuando no exista expediente o cuando está en proceso de investigación”, aseguró.
Refirió que, en su caso, su deuda era de G. 2 millones, pero le cobraron G. 160 millones. Sostuvo que la Comisión del Senado le llamó tras su denuncia pública. “Los ministros deben empatizar con nosotros, ya que viven en una burbuja”, acotó.
Incluso, Sandra Coronel indicó que serían ya 20 las personas que se quitaron la vida por este tipo de casos.
Pagaré falsificado
Por su parte, Rosa Coronel, señaló que era docente jubilada y que le demandaron con un pagaré falsificado. Ya le descontaron todo, pero ahora nuevamente estaban presionando en el Ministerio de Hacienda para que siguieran los descuentos, y que volvieron a llevar notas para continuar con los descuentos salariales.
Dijo que le habían enviado una notificación y que se lo dieron a su hijo menor. Ahí empezó a revisar los papeles del juicio que le llevaron. “Descubrí que la firma era falsificada y que la cuenta no era mía”, expresó.
Afirmó que ya le descontaron G. 1 millón de una cuenta de G. 2.520.000, y quieren seguir descontando. “Quiero el cese del descuento, que me devuelvan lo que descontaron irregularmente y que me den un resarcimiento, porque tengo daño sicológico”, aseguró.
Culpó a la jueza que no verificó primero el caso antes de dictar las resoluciones. Agradeció el apoyo de la Comisión del Senado, que les apoya en muchos sentidos, a la defensoría y a la prensa.
Expedientes desaparecidos
Por su parte, Carmen Rodríguez, docente en ejercicio, indicó que su situación era insostenible ya que le descontaban de su salario y que el expediente no aparecía. Criticó duramente la postura de la Corte que se dio ayer en el pleno.
“Dicen una cosa y borran con el codo. Dicen que los jueces tienen que dar nulidades de oficio, pero ni una sola nulidad no dieron porque alegan que los expedientes no aparecen”, manifestó.
Informó que tenía unos nueve expedientes y que no le daban pese a que pidió abogado. Reveló que la situación se da desde el 2022. “Hacen desaparecer los expedientes y se realizan los descuentos, y solo ellos pueden cobrar después”, denunció.
“No podemos cobrar, no podemos ni recuperar el dinero. Ellos primero retiran el dinero. Nuestro sueldo está en un corralito y hacemos calesita para aguantar el mes”, se quejó.
Aseguró que los ministros de la Corte le dieron las espalda y estaban a merced de las empresas que les demandaban. “Fui a la empresa y me dijeron que mi pagaré está en un cofre y que faltaba G. 400 mil, y que el Juzgado está intervenido, por lo que no me pueden dar mi pagaré", afirmó.
“La Corte no se quiere mirar hacia adentro, porque incluso le hace jurar a gente que no tiene título”, culminó.
