El pasado 5 de agosto, un grupo de educadores denunciaron el hecho ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que los responsables del área estén al tanto de irregularidades en el proceso que fueron avaladas por la jueza Monserrat Valentina Benítez. Estas tratan sobre la existencia de pagarés en blanco como pruebas de la demanda o la ciudad donde fue embargada no corresponde al domicilio de los afectados. Además, el domicilio de los demandantes no corresponde a ningún distrito del Departamento de San Pedro, entre otros aspectos.
Los docentes víctimas de esta presunta estafa que se acercaron al diario son Carmen Patricia Vázquez Sánchez y Hugo Rolando Ávalos Ferreira. Ambos educadores realizaron su denuncia de forma particular, solicitando a la Superintendencia a que intervengan y auditen el Juzgado de Paz de Guayaibí, ya que existen miles de juicios similares relacionados con el esquema de estafa de esta empresa contra docentes de San Pedro como de otros departamentos. Ahora se inicia un periodo de 90 días, en que la Superintendencia remitirá un informe sobre estos expedientes para poder auditar.
Denuncia. Según la denuncia, la supuesta empresa Jorvex SA accionó contra los docentes Vázquez Sánchez y Ávalos Ferreira por pagarés vencidos e incumplidos. La docente solicitó un préstamo de G. 1.000.000; no obstante, Jorvex le exigió el pago de G. 8.300.000 más intereses, costos y costas. Vázquez ya ha cumplido con el pago de los G. 8.300.000 tras descuentos mensuales de su salario. Ahora debe pagar los costos y costas del juicio, cuyo monto aún se desconoce, pero rondaría el mismo monto que lo pagado hasta la fecha.
Vázquez ya pagó 6 cuotas de G. 1.800.000, pero todavía no salió la resolución para la liquidación. El trámite está con suspensión.
Por su parte, Ávalos Ferreira solicitó dos préstamos de G. 1.500.000 cada uno. Por esto, debió pagar la suma de G. 11.960.000 y G. 11.540.000, respectivamente tras la demanda. Es decir, en total, debió pagar la suma de G. 23.500.000. Ávalos ya pagó 16 cuotas de G. 1.700.000 por embargo (25% de su salario de forma mensual). Son ocho cuotas para cada pagaré por el capital. Después de esto viene la liquidación, costo del juicio y la parte administrativa (intereses moratorios, punitorios, honorarios del abogado, gastos de Justicia), todo esto podría resultar en el mismo monto que ya pagó el docente hasta la fecha. Es decir, pagar alrededor de G. 50 millones por un préstamo de G. 3 millones.
Todas las deudas iniciales fueron pagadas; años después se encontraron con las demandas por supuestos pagarés vencidos e incumplidos.
Pagarés incompletos. Llamativamente, la jueza de Guayaibí, Monserrat Benítez, está dando lugar a todos estos juicios a pesar de contar como pruebas los pagarés incompletos. En ellos no se observa el nombre ni el sello de Jorvex. Tampoco cuenta con la fecha, lugar ni el nombre del propietario. Además, el juicio no se ejecuta donde está el demandado o donde se expide el expediente. Jorvex constituye su domicilio sobre Mariscal López y Doctor Caballero en Asunción, pero llevan el juicio a Guayaibí, distrito de San Pedro.
Los docentes alegan que Jorvex está utilizando a la Justicia debido a que la jueza está procesando pagarés no válidos para llevar adelante el juicio.
Sin respuestas. La jueza Benítez nunca está en el Juzgado al momento que las víctimas intentan conversar con ella. Los educadores reciben como respuesta que está interinando en otro juzgado u otro motivo. Tampoco se les facilitó el número de teléfono de la magistrada para poder concretar una entrevista.
Contexto. En el año 2014, Mirta Díaz, también docente de Santa Rosa, ofreció el préstamo a los dos educadores. Los mismos cumplieron con estos compromisos: G. 1 millón para Vázquez y G. 3 millones en el caso de Ávalos.
En el 2020, ambos educadores se enteraron de que fueron demandados por pagarés vencidos e incumplidos.
“Una colega docente nos ofreció dinero que íbamos a pagar de manera mensual con el descuento del ministerio. Como somos compañeras, tuvimos mucha confianza. Pero nos hizo firmar un pagaré sin fecha, en blanco. Luego abultaron el monto. De G. 1 millón que era el préstamo, aumentó a G. 8 millones. Jamás daban más de G. 2 millones por persona”, explicó.
Tras la demanda, la docente Díaz desapareció. El pagaré fue vendido a Jorvex que preparó la demanda ejecutiva.
