Fue decisión unánime de los ministros Gustavo Santander, Luis María Benítez Riera y María Carolina Llanes, quienes rechazaron la recusación promovida por la defensa de la acusada Gudelia Vargas.
La defensa alegó falta de imparcialidad debido a que, supuestamente, dictaron una resolución en contra de lo que dicen las leyes. Con ello, piden que se aparten de la causa los tres camaristas.
El ministro Santander refiere que “en innumerables fallos se ha sostenido que la recusación constituye una figura que debe ser interpretada estrictamente, con recta observancia al Principio de juez natural”.
Añade que “Su utilización por las partes en un proceso determinado debe ser siempre esgrimido con los elementos de prueba que sustenten la afirmación que se pretende incorporar al proceso”.
Después, dice que la recusación es totalmente improcedente, ya que la recusación se da basado en las actuaciones procesales. A esto se adhiere el ministro Benítez Riera.
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Por su parte, la ministra Llanes refiere que “los motivos aducidos por la recurrente carecen de fundamentación; además, no ha invocado alguna circunstancia fáctica concreta de la que se puede deducir que la imparcialidad e independencia de los magistrados se encuentra afectada, más allá de una evidente disconformidad con lo resuelto en Segunda Instancia a través del A.I. No. 208 de fecha 20 de septiembre del 2024, por el cual se rechaza la recusación planteada contra el Tribunal de Sentencia”.
“En este sentido, es importante destacar que existe vasta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se sostiene la postura jurídica que la sola disconformidad con lo resuelto por un determinado Tribunal no es motivo suficiente para solicitar el apartamiento del mismo”, asegura, con lo que rechazan la recusación.
Con ello, ahora, los miembros del Tribunal de Apelación deberán resolver la recusación contra los jueces, de modo a que se pueda realizar el juicio oral.
La viuda de Sánchez está acusada por presunto lavado de dinero. Los fiscales señalan que, entre el 2016 y el 2022, ella disimuló ingresos por más de G. 4.737 millones, para luego adquirir numerosos bienes.
Tanto ella como su hermano y Marcio Sánchez no tenían vida económica, comercial ni bancaria, remarca el pedido de juicio oral del Ministerio Público.
Afirma que, con ello, se sospecha que todos sus bienes fueron adquiridos con dinero que Sánchez recibió como pago por los hechos de sicariatos cometidos.
