Es el segundo juicio oral que debe afrontar Ignacio Luis Ortigoza, luego de su recaptura, tras estar prófugo desde el 2019, cuando escapó en pleno juicio oral por presunta lesión de confianza en el Indert.
La magistrada Clara Ruiz Díaz, en la audiencia preliminar, rechazó los pedidos de prescripción de la causa, nulidad de la acusación y exclusión de pruebas, para luego admitir la acusación presentada por el Ministerio Público.
La importante diligencia se realizó tras dos suspensiones, una por cambio de abogado y la otra por recusación a la jueza.
En la audiencia, el agente fiscal Silvio Corbeta se ratificó en la acusación que había presentado la ex fiscala y actual jueza Yolanda Portillo, en contra del ex presidente de la institución.
Portillo le acusó por tentativa de estafa por el supuesto intento de venta de parte del inmueble del aeropuerto de Capitán Bado, que finalmente no se concretó.
Después, el abogado Miguel Ángel Martínez Batista, por la defensa de Ortigoza, planteó la excepción de falta de competencia, ya que los hechos se dieron en Amambay y no en la capital.
También pidieron la prescripción de la causa, debido a que los hechos ocurrieron en el 2012, por lo que ya pasaron más de diez años, y además, el incidente de falta de acción y el consecuente sobreseimiento definitivo del procesado.
Igualmente, la defensa requirió la exclusión de varias pruebas claves de la Fiscalía. Asimismo, requirió la nulidad de la acusación fiscal en su contra.
Tras estudiar cada uno de los incidentes, la magistrada rechazó los pedidos de la defensa y calificó el caso como estafa en grado de tentativa. Por otro lado, admitió la acusación del Ministerio Público y elevó la causa a juicio oral.
En el caso, Ortigoza Samudio se había fugado mientras se realizaba un juicio oral en su contra. Estuvo prófugo seis años, hasta que fue capturado a inicios de julio pasado, en allanamientos en el barrio Lote Guazú de San Lorenzo, que buscaba desbaratar una red de microtráfico, sicariato y venta ilegal de autos.
Además del presente caso, tiene otras dos causas; una donde debe enfrentar juicio oral por la presunta lesión de confianza por la compra de 5.743 hectáreas de tierra en Cordillera a la firma San Agustín, vinculada al ex senador Jorge Oviedo Matto.
Finalmente, está la causa por la supuesta venta irregular de tierras de la reserva Mbaracayú, que originó un presunto perjuicio de alrededor de G. 40.000 millones.