Blanca Ávalos, dirigente de la OTEP-SN, explicó que la medida responde a un cúmulo de responsabilidades administrativas y burocráticas impuestas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sin apoyo técnico ni financiero. “Hay más sobrecarga en papeleos y no nos deja tiempo para enseñar”, denunció.
Una de las principales fuentes de presión es la aplicación de la Resolución 376 sobre ajustes razonables para alumnos con discapacidad, que, según Ávalos, exige a los docentes realizar planificaciones específicas para cada estudiante con necesidades educativas especiales, además de elaborar informes para directivos y supervisores.
“Todo eso se convierte en una cuestión de que el Ministerio no potencia las instituciones de educación inclusiva (...), y todas esas funciones de esos especialistas tiene que hacer el maestro. Entonces, demasiado trabajo sobrecarga encima del docente”, criticó.
Además, mencionó que proyectos como Ñe’êry o Sumar requieren evidencias físicas de trabajo sin que exista un financiamiento real. “La evidencia ya requiere plata y no hay un financiamiento. (...) Todo eso tiene que financiar el docente y tiene que hacer por cada grado. Si no tenemos un equipo para llevar adelante, eso cae encima de un solo trabajador”, reclamó.
También se refirió a los trabajos extras generados por el programa Hambre Cero, (registros, informes, cargas en el sistema, otros) y otros programas como NELI en DUA (Diseño Universal de Aprendizaje).
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Otro punto cuestionado es el enfoque punitivo del MEC; denunció la dirigente que en cada resolución hay un ''cháke’’. ‘‘Por ejemplo, si no cumple esto, hay sumario, hay sanciones para el trabajador. (...) Parece ser una cuestión disfrazada de la educación dictatorial de aquel tiempo (de Alfredo Stroessner) que vuelve con todo”.
El sistema no está preparado
Por su parte, Noelia Caballero, también representante de la OTEP-SN, refirió que la convocatoria del 30 de mayo coincide con el aniversario de la organización, que será conmemorado “de una forma diferente” mediante la movilización. “Lo que nosotros queremos es entregar otra vez una nota al ministerio en contra de los papeleos burocráticos, contra la mentira de la inclusión también, porque el ministerio habla de inclusión, pero nosotros decimos que no hay inclusión”, afirmó.
Caballero advirtió que el sistema no está preparado para una verdadera educación inclusiva, ya que no cuenta con la infraestructura ni con profesionales especializados para acompañar al docente.
“Yo no soy un psicopedagogo, si yo no soy un fonoaudiólogo, un psicólogo, yo no puedo nada más con algunos indicadores dar un juicio sobre un chico”, sostuvo.
Asimismo, alertó sobre el impacto de la sobrecarga en la salud del magisterio: “La salud mental del docente hoy en día se ve completamente deteriorada (...) Dejamos de lado la parte pedagógica y nos estamos volviendo funcionarios administrativos”.
Los educadores exigen que el MEC revise las resoluciones impuestas de manera unilateral, garantice condiciones reales para una educación inclusiva, proporcione equipos técnicos y financiamiento para proyectos pedagógicos, y respete los derechos laborales de los trabajadores de la educación.
“Cada día más se nos recarga con trabajo que no nos corresponde. Hacemos trabajos forzados en horas de descanso y sin pagas, ya sea de noche, fines de semana o feriados. Tiempo que el docente debería compartir con su familia”, concluyó Caballero.
