Con la medida de la Cámara Baja, la propuesta de ley retorna al Senado, el cual otorgó media sanción en julio pasado, en una búsqueda de actualizar la ley de quiebras de 1969, en base a un proyecto remitido originalmente por el Poder Ejecutivo.
En la mayoría de las exposiciones de los legisladores, la mayoría coincidió que no están dadas las condiciones para aprobar esta normativa y argumentaron que una eventual promulgación significaría poner una soga al cuello a miles de paraguayos, ahogando financieramente aún más a ciudadanos y comerciantes, en particular a los propietarios de pequeñas y medianas empresas (mipymes), afectados por la crisis económica ocasionada por la pandemia.
Entre los temas más controvertidos y abordados en la sesión extraordinaria de ayer en Diputados fue el artículo 9 del proyecto, mediante el cual el deudor comercial debe de modo obligatorio acudir en 90 días al juzgado, en caso de incumplimiento de dos cuotas, solicitando opciones como la convocación de acreedores, su quiebra, la apertura de homologación judicial, o un acuerdo extrajudicial, donde el plazo corre desde el segundo incumplimiento de la deuda.
EN CONTRA. El diputado colorado Basilio Núñez, líder de bancada de Honor Colorado, indicó que la ley de insolvencia solo beneficiará a entes financieros y síndicos de quiebra, en detrimento de los deudores.
En tanto la diputada Kattya González (PEN) explicó que en el contexto de pandemia sería inoportuno cambiar las reglas de juego para las miles de mipymes que clausuraron sus actividades por la crisis.
Rocío Vallejo (PPQ) detalló que 300.000 compañías hoy están atrasadas con sus proveedores por el contexto actual, e insistió que de dar visto bueno a este texto solo beneficiaría a grandes empresarios.
Por su parte, Sebastián García (PPQ) acusó al Ejecutivo de “irresponsable e improvisado”, la diputada Jazmín Narváez, de Colorado Añetete, calificó de “inoportuno” el proyecto aprobado de forma rápida en la Cámara Alta.
