Por una mayoría de 30 votos de parlamentarios contra 21 se decidió tratar en ocho días el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que cancela las facturas de la ANDE y Essap emitidas durante la cuarentena sanitaria.
La propuesta fue hecha sobre tablas por el legislador Basilio Bachi Núñez, de la Asociación Nacional Republicana (ANR). De esta forma, recién en una semana se sabrá el futuro de esta iniciativa legislativa.
El veto parcial del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ya fue rechazado el jueves de la semana pasada por la Cámara de Senadores, con una mayoría opositora y el apoyo del cartismo.
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Para que la ley pueda entrar en vigencia, los diputados tienen que votar en el mismo sentido que sus colegas de la Cámara Alta. Si aceptan la objeción del presidente Mario Abdo Benítez, entonces el documento se archiva y queda sin efecto.
La diputada Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), intentó frenar la postergación, advirtiendo que todos los bloques de la oposición se pronunciarían por el rechazo. Sin embargo, no se consiguió los votos suficientes.
El liberal Enrique Salyn Buzarquis fue el proyectista de la cancelación de las facturas de ANDE y Essap.
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La iniciativa contempla la anulación de las facturas emitidas por la ANDE y Essap durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Además, establece la exoneración de hasta 1.000 kwh de consumo.
Actualmente, la cancelación del consumo es para usuarios de hasta 500 kwh, como medida de contención económica en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Según el proyecto aprobado, el monto de la factura por el consumo de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 superiores a 1.000 kwh será fraccionado en 18 meses, que será establecido mediante la correcta lectura de los medidores.
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La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sugirió al Ejecutivo que la propuesta de normativa sea rechazada. Su titular, Luis Villordo, informó que el proyecto de ley es extemporáneo e implicaría cancelar facturas emitidas por un valor de USD 227 millones, aproximadamente.
Apuntó que, de hacerse efectiva la normativa, tendrá un impacto de USD 300 millones en el flujo de caja de la ANDE y se dejaría de pagar tanto a las entidades binacionales como a otros proveedores.
La Cámara de Diputados emitió su voto de censura contra el presidente de la ANDE por considerar insatisfactoria su respuesta tras una interpelación sobre las sobrefacturaciones.
