Un grupo de diputados de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara Baja, liderados por el cartista César Cerini, presentaron ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) este lunes un proyecto de ley para aplicación de excepciones al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Según se observa en el documento, el objetivo central es permitir que el déficit fiscal pueda ser flexibilizado o aumentado hasta un máximo de 2,5% del producto interno bruto (PIB), así como autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la emisión de bonos y/o acceder a nuevos préstamos para dar cumplimiento a la disposición.
Además, la propuesta incluye planes de recortes a créditos presupuestarios imputados en distintos objetos del gasto financiados con Fuente 10 o recursos del Tesoro dentro del PGN. Esto afectaría a rubros como remuneraciones extraordinarias, bonificaciones, viáticos y movilidad, consultorías, entre otros gastos.
En la exposición de motivos, los proyectistas argumentan que “el Estado paraguayo enfrenta una desaceleración coyuntural en el crecimiento de los ingresos tributarios, evidenciada en la caída registrada en el primer trimestre del presente ejercicio fiscal. Este comportamiento revela una alta sensibilidad de la recaudación a factores como el nivel de ejecución del gasto público, las variaciones del tipo de cambio y la dinámica del comercio exterior”.
Señalan también que el aumento “transitorio y debidamente acotado” del límite fiscal serviría como una herramienta “necesaria y razonable” para cumplir con las obligaciones estatales, teniendo en cuenta que los ingresos ya no son suficientes. “Lejos de constituir una medida de desorden fiscal, esta decisión responde a la necesidad de preservar la credibilidad en el Estado, evitar la acumulación de pasivos y mitigar efectos contractivos sobre la economía”, se añade en el documento.
En tanto, se indica que el aumento del déficit debe complementarse con la “eficiencia y la sostenibilidad” de las finanzas públicas, por lo que debe ser acompañado por las medidas de racionalización del gasto público a fin de optimizar el uso de los recursos disponibles, mejorar la calidad del gasto y reducir las ineficiencias estructurales.
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“Entre dichas medidas se destacan: la revisión y priorización del gasto público en función de su impacto económico y social; la contención de gastos corrientes no esenciales (...). La combinación de un aumento temporal del déficit fiscal con medidas concretas de racionalización del gasto constituye una respuesta equilibrada frente a la coyuntura actual”, concluye el texto.
Tras la presentación, el legislador opositor Raúl Benítez cuestionó que el sector oficialista no cuente con una política económica definida, teniendo en cuenta que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, hasta el momento se limitó a señalar que el Gobierno todavía pretende cumplir con el 1,5% de déficit fiscal, aunque reconoció que esto aún debe ser evaluado.
“El gobierno de los economistas no define su política económica. Diputados oficialistas presentan un proyecto para ampliar el déficit fiscal y, por otro lado, el nuevo ministro @osclov habla de mantenerlo. Estamos en una economía de guerra sin capitán”, expresó Benítez a través de su cuenta de la red social X.
Para expertos como el economista Rodrigo Ibarrola, actualmente existen problemas fiscales estructurales cuyas soluciones no se limitan a un cambio de ministro. Apuntó a que, justamente, ya se debería replantear la meta fiscal.
