La Cámara de Diputados se ratificó en su versión de un tope de 10 años de penas privativas de libertad para adolescentes y remitió el proyecto de ley sancionado al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. El Senado pretendía que el tope sea de 15 años.
Se trata del proyecto de ley que “modifica el artículo 207 de la ley 1680/2001 Código de la Niñez y de la Adolescencia”.
La Comisión de Niñez y Adolescencia, presidida por la diputada Dalia Estigarribia (PLRA-Central), decidió recomendar a la plenaria de la Cámara de Diputados ratificarse en su versión original respecto al proyecto de ley.
“En la Cámara de Diputados aprobamos 10 años de pena privativa y la Cámara de Senadores aumentó a 15. Este proyecto nace de una realidad que no podemos ignorar como Estado. Existen situaciones donde adolescentes cometen hechos extremadamente graves que generan dolor en las familias y preocupación en toda la sociedad frente a eso debemos tener una respuesta firme, responsable y acorde a la realidad de los hechos”, expresó.
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Para la legisladora, la propuesta de Diputados busca encontrar ese equilibrio que, por un lado, establece consecuencias más claras y proporcionales para aquellos casos en los que existen agravantes pudiendo llegar hasta 10 años de pena privativa de libertad.
“Pero al mismo tiempo entiende que estamos hablando de adolescentes y que el objetivo de la Justicia no puede ser solo castigar sino trabajar para evitar que vuelvan a cometer hechos que dañen a otros y a ellos mismos teniendo en cuenta que a los 30 años ya estarían libres nuevamente. Esta modificación también contempla la educación, el acompañamiento, la reinserción y la evaluación del adolescente infractor”, comentó Estigarribia.
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Caso María Fernande (MAFE)
El documento refiere al endurecimiento de las sanciones aplicables a adolescentes infractores, que cobró especial relevancia tras el crimen de María Fernanda, cometido por un menor, hecho que reavivó la discusión pública acerca de la responsabilidad penal de los menores de edad y los límites establecidos por la legislación vigente.
Actualmente la normativa establece una pena máxima de 8 años de privación de libertad para adolescentes que cometan hechos punibles calificados como crímenes. La propuesta impulsada por la Cámara de Senadores plantea elevar ese límite hasta 15 años, mientras que la Cámara de Diputados aprobó una versión que fija el máximo en 10 años.
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La joven María Fernanda fue reportada como desaparecida el martes 27 de mayo del 2025 y el sábado 31 fue encontrada “sin signos de vida, enterrada e incinerada en una fosa en un patio baldío”, ubicado en el barrio Villa Maestro de Coronel Oviedo, según informó el Ministerio Público en un comunicado en ese momento.
Cuando la joven desapareció “se encontraba en etapa de gestación de 14 a 15 semanas aproximadamente de un feto de sexo masculino”, detalló el ente investigador. El Ministerio Público imputó por presunto feminicidio a un joven de 17 años y a otras personas y el caso ya fue elevado a juicio oral, aunque con retraso por reiteradas suspensiones.
