La Cámara de Diputados aprobó la propuesta que modifica varios artículos de la ley que establece la implementación de tobilleras electrónicas que ya fue promulgada en el año 2017, pero que aún no fue puesta en práctica.
Se trata del proyecto de ley que modifica y amplía varios artículos de la ley que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control y deroga la Ley 6345/19.
Los legisladores determinaron que el costo de los dispositivos recaerá sobre el Estado en el caso que el procesado se declare insolvente. También determinaron que el Ministerio del Interior estará a cargo de la compra de los artefactos.
La norma fue promulgada en setiembre del año 2017, pero no podía ser aplicada porque no estaba establecido cómo llevarlo a la práctica. Uno de los puntos a determinar era cómo se iba a financiar los dispositivos.
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Un grupo de diputados se mostraban a favor de que las tobilleras electrónicas sean pagadas por los procesados.
Sin embargo, cuando se debatió el caso, se consensuó que también pueda aplicarse a personas insolventes, siempre que puedan acreditar esto y reúnan las condiciones. “Se otorga potestad al Juez para evaluar la situación de solvencia de cada afectado, de modo que si tienen la posibilidad, se encarguen de pagar por las tobilleras”, explicó la diputada Rocío Vallejo.
Vallejo agregó que otra de las modificaciones fundamentales que se introdujeron es que las tobilleras puedan ser aplicadas a personas procesadas por crímenes, siempre y cuando se reúnan las condiciones establecidas por el juez del caso.
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El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el pasado 5 de octubre el decreto reglamentario de la Ley 6568, que autoriza el uso de dispositivos electrónicos de control, sean pulseras, tobilleras u otro medio idóneo similar que pueda ser adherido al cuerpo del procesado.
“La implementación de los dispositivos electrónicos constituye una herramienta que permitirá realizar un control adecuado de aquellas personas beneficiadas judicialmente, permitiendo que sean monitoreadas y cumplan efectivamente con las medidas impuestas”, mencionaba el documento.
La institución encargada de administrar el Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Simdec) será la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control, dependiente del Ministerio del Interior.
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El Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, monitoreará a los usuarios de las tobilleras que deberán moverse en un área determinada. En caso de incumplir con las medidas impuestas, y de darse el caso de delinquir utilizando las tobilleras, la medida podrá ser revocada y el afectado deberá volver a prisión.
