De acuerdo a la planilla de funcionarios de la Cámara de Diputados, Alcides Cantero, de 26 años, ingresó como contratado en julio del 2023, el mismo día que su hermano asumió por primera vez como legislador.
Aunque en el cargo aparece como asistente, la declaración jurada que presentó al momento de ser contratado especifica que estaba como chofer a cargo del despacho de su hermano.
En el mismo documento afirmaba tener consigo G. 10 millones en efectivo como activos, sin ningún otro patrimonio a su nombre.
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Cantero aparece en la nómina de funcionarios con un salario de G. 3.300.000, pero solo hasta enero de este año. Es decir, estuvo siete meses cobrando del Estado y se desconoce el motivo de su desvinculación desde febrero.
Por su parte, el diputado Benjamín Cantero percibe mensualmente más de G. 32 millones, mientras que su esposa, quien se desempeña como su asesora, Silvia Noemí Vega, gana G. 12.700.000.
A diferencia de su hermano menor, el legislador tiene tres vehículos y tres inmuebles en Curuguaty a su nombre, sumando un patrimonio de más de G. 2.396 millones.
El joven fue detenido el 10 de agosto en el municipio Villa Tunari, provincia de Chapare, Bolivia. En la camioneta que se movilizaba, los agentes intervinientes encontraron un arma de fuego y dinero que pretendía usarse para comprar precursores para la fabricación de cocaína.
Los legisladores son responsables de los funcionarios que contratan
Al ser consultado sobre la asistencia del joven como funcionario de la Cámara de Diputados, el director de Recursos Humanos, Máximo Medina, dijo que desconoce su comportamiento debido a que los choferes no marcan la hora de ingreso y salida “porque se mueven con los parlamentarios”.
Si bien su condición de chofer levanta sospechas sobre el acceso que tenía a los vehículos del Congreso para cometer hechos punibles, Medina prácticamente descartó esta posibilidad, teniendo en cuenta que cada legislador cuenta con su propia movilidad.
Acerca de la competencia que tiene la institución para controlar a quiénes contrata, Medina dio a entender que cuando se trata de contrataciones por cargo de confianza, como el caso de Alcides Cantero, la responsabilidad recae sobre el diputado que pidió su ingreso a la nómina de funcionarios.
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“Lo que nosotros hacemos es verificar que los funcionarios estén cumpliendo las funciones para las que fueron contratados o nombrados. Cuando ellos cumplen funciones en los despachos legislativos o a cargo de directores generales, este superior es responsable directamente de lo que hace el funcionario, de verificar que deba cumplir, que marque, y de informar si el funcionario no está asistiendo”, detalló.
De acuerdo con Medina, la Cámara de Diputados no tiene obligación de investigar lo que sucede con un ex funcionario, a menos que haya una denuncia.
