El proyecto de ley, que fue derivado a comisiones el pasado viernes, pretende ampliar los alcances del artículo 234 del Código Procesal Penal, sobre la perturbación a la paz pública.
La propuesta establece una sanción de hasta cinco años de cárcel para quienes, “desde una multitud realizara hechos violentos contra personas o cosas”.
El documento define como actos vandálicos cualquier conducta intencional que dañen la integridad física de las personas y bienes materiales. Cita como ejemplo “arrojar huevos, grafitis, daños a vehículos”, entre otros.
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Luis Urbieta, el diputado proyectista, fue escrachado en junio pasado por un grupo de ciudadanos en Concepción. Los indignados lo tildaron de “dipuchorro” y criticaron la gestión que tuvo al frente de la Gobernación.
Este proyecto de ley ahora debe ser analizado por las comisiones legislativas de Diputados. Una vez dictaminado el texto a favor o en contra de la aprobación, los parlamentarios podrán tratar y decidir en el pleno de la Cámara Baja.
Una propuesta desubicada
La diputada por el Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, consideró que este proyecto de ley le recuerda la Ley 209 impulsada por la dictadura de Alfredo Stroessner y que censuraba las manifestaciones contra las autoridades.
“El derecho a la protesta tiene sus propios límites y la autoridad debe actuar. Sin embargo, esta es una propuesta desubicada y direccionada por un legislador cuyo hermano fue muy cuestionado en su Intendencia”, afirmó a Última Hora.
Kattya González asegura que no se puede criminalizar las protestas. “El escrache es una herramienta de resistencia popular y no podemos sacar una normativa para criminalizar esto. Es una desubicación”, mencionó. “No se puede comparar una protesta como un homicidio o robo agravado”, agregó.
Los argumentos del proyectista
Según los fundamentos del proyecto de ley planteado por el colorado Luis Urbieta, los derechos que tiene la ciudadanía no deben ser confundidos con actos vandálicos “que no favorecen a la sociedad”.
El legislador cuestiona que se ha “hecho normal” que las conductas que destruyen bienes o atentan contra la integridad de las personas, no sean sancionadas, por la “ambigüedad que no permite actuar al Ministerio Público”.
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Urbieta indica que el objetivo del documento es evitar la destrucción de los bienes, espacios públicos, y para “proteger (a las personas) de los hechos motivados por el odio y el revanchismo político”.
El diputado colorado Luis Urbieta es hermano del intendente de la ciudad de Concepción, Alejandro Urbieta, cuya gestión es blanco de cuestionamientos ciudadanos. El jefe comunal fue víctima de sucesivos escraches y fue denunciado en varias ocasiones.
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Urbieta fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión tras ser imputado por desacato judicial al negar información pública solicitada por una comunicadora.
Pero, además, soporta otro proceso por lesión de confianza y apropiación. De acuerdo con la denuncia, descontaba aportes de los funcionarios y no los depositaba en la caja jubilatoria; por el caso estuvo 10 días con prisión domiciliaria.
