La abogada Cecilia Pérez indicó que el pedido busca básicamente definir si la Contraloría General de la República (CGR) tiene o no facultad como supervisor y fiscalizador de las leyes de transparencias y si puede o no multar ante el incumplimiento.
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En ese sentido, dijo que solo el Viceministerio de Capital Humano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puede hacerlo, pero ahora no lo hace ni cobra y dice que es la Contraloría la que debe hacerlo por la nueva ley 7.389/24, “que establece el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción”.
Por su parte, Ezequiel Santagada expresó a Última Hora que piden que la CGR tome una postura institucional con relación a la nueva aplicación de sanciones en el marco de la ley 5.189/14, que es la que obliga a publicar los salarios y viáticos de servidores públicos.
Santagada detalló que la CGR tiene atribuciones para controlar que las instituciones del Estado cumplan con las obligaciones de informar sobre transparencia activa, no para sancionar.
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Sin embargo, mencionó que la ley 5.189/14, que es una ley específica, toma algunas de las obligaciones de transparencia activa y establece un régimen especial que, ante el no cumplimiento, pueden aplicarse hasta 180 días de multa y de eso se encarga la ex Secretaría de la Función Pública, que actualmente está en la órbita del Viceministerio de Capital Humano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“El punto es que en el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto de este año, el presidente (Santiago Peña) le pasó estas atribuciones (que eran de la ex Secretaría de la Función Pública), claramente incumpliendo los términos de la ley, a la Contraloría General de la República y es un problema, porque no hay facultades legales para hacerlo”, recalcó.
Sobre el punto, expresó que se pide una postura institucional a la CGR si considera que pueda aplicar las sanciones o no.
El abogado finalizó diciendo que lo que motivó el pedido es el comentario que hizo la abogada Cecilia Pérez de por qué no se imponían sanciones a Yacyretá por incumplir con la obligación de divulgar el salario de sus funcionarios, tras publicaciones de Última Hora.
