Pese al discurso de mantener una deuda pública “manejable”, los números oficiales evidencian que las obligaciones financieras del Estado siguen creciendo y ya presionan a las financias públicas.
En ese sentido, el informe de Seguimiento de los Bonos Soberanos muestra que Paraguay arrastra compromisos con vencimientos en este 2026, tanto por capital como por intereses, mientras que el calendario se extiende incluso hasta el año 2055.
El cronograma de vencimientos vigente incluye emisiones con plazos en 2026, 2027, 2031, 2033, 2035, 2036, 2038, 2044, 2048, 2050 y 2055, es decir, la deuda ya va hasta por casi tres décadas.
Ante esto, una parte significativa del Presupuesto General de la Nación (PGN) se debe destinar año tras año al servicio de la deuda, reduciendo el margen para otras prioridades como salud, educación, infraestructura, seguridad y programas sociales.
La siguiente administración que inicia en el 2028 deberá asumir pagos ya calendarizados para 2031 y 2033, mientras que para el siguiente queda una cadena de vencimientos que continuará en 2035, 2036 y 2038. Más adelante, la deuda seguirá pesando sobre administraciones futuras con bonos que llegan hasta 2044, 2048, 2050 y 2055, dejando en evidencia que las decisiones financieras de las actuales autoridades seguirán teniendo impacto dentro de 29 años.
Esta misma dinámica se observa en los últimos años, y el servicio de la deuda, incluyendo los intereses, creció más de 500% entre 2011 y 2025, pasando de USD 507 millones a USD 3.168 millones en esos 14 años.
En paralelo, un informe reciente sobre la composición del mercado local a febrero de 2026 también genera preocupación sobre la sostenibilidad del perfil de pagos. El reporte muestra que si bien en los años 2026 y 2027 el servicio de la deuda se concentra principalmente en intereses, a partir de 2028 se produce un salto significativo en las amortizaciones del capital.
A esto se suma el mecanismo planteado por el Gobierno para cancelar las deudas con proveedores, como constructoras y farmacéuticas. Para las vialeras, la propuesta oficial apunta a canalizar USD 150 millones con la cesión de deuda o factoraje, permitiendo a las empresas obtener liquidez inmediata mientras el Estado deja el pago para adelante, evidenciando una vez más la estrategia de “bicicleteo” de la deuda pública, sumándose a esto el pago de los intereses que serán asumidos por el propio Estado.
“Es un peso enorme para el Presupuesto General”, advierte economista
Sobre esa línea, el economista Luis Rojas advirtió que la deuda pública “ya es un peso enorme para el Presupuesto General (PGN)”, recordando que el fuerte incremento se dio desde el 2013, cuando se intensificaron las emisiones de bonos soberanos.
“Pasamos de USD 3.000 millones a USD 21.000 millones actualmente, y eso genera un servicio de la deuda cada vez más grande (...). El año pasado ya llegó a USD 2.100 millones ese servicio de la deuda y sigue creciendo. Representa casi el 30% de todos los ingresos tributarios del Estado. Es muchísimo”, alertó el experto.
Explicó que los pagos se componen por los intereses, que ya superan los USD 1.000 millones, y que deben ser cubiertos obligatoriamente con impuestos. Les sigue la amortización del capital, que también ronda los USD 1.000 millones y que se financia principalmente mediante nueva deuda.
“Es un peso enorme para las finanzas públicas por las necesidades que existen”, dijo.
Finalmente, cuestionó que, pese al discurso del Gobierno de una supuesta estabilización, la deuda sigue en alza.
“Es un tema preocupante, y tienen directa responsabilidad Carlos Fernández Valdovinos y Santiago Peña, y ministros de periodos anteriores, del Gobierno de Horacio Cartes y también directivos del BCP”, concluyó.
