Para el Ministerio Público, el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, no puede deslindar responsabilidad en los hechos atribuidos, considerando su rol como autoridad que aprobaba los procesos. En ese sentido, desacredita cualquier excusa de desconocimiento sobre las normas.
En varios procesos de contratación realizados en el marco de la emergencia del Covid-19, la Municipalidad de Asunción invitó a participar a las mismas firmas, vulnerando los principios generales de legalidad y libre competencia.
En total, son cuatro las empresas involucradas en un daño patrimonial de más de G. 1.830 millones, de acuerdo al acta de imputación que contiene 70 páginas.
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Las entregas de los productos no fueron en la cantidad ni la marca acordada. De hecho, para la Fiscalía hubo una simulación de solicitud de los ítems y también de las recepciones de los insumos, donde participaron varios funcionarios.
Las firmas DRF, M&F, Bastian Comercial y COVA no habrían podido entregar los productos Alka DDS, Septalkan y Surfalkan, de procedencia francesa, porque la única proveedora en Paraguay de estas marcas es Genemed, la cual no estaba adjudicada. Tampoco hay registros aduaneros de otras importaciones de los mismos productos.
“El señor intendente no solo estaba como tal, sino también como presidente o cabeza de esa Dirección de Gestión de Riesgos, no puede a estas alturas alegar desconocimiento de lo que se estaba manejando dentro de esa Dirección”, dijo la fiscala en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
Los fondos corresponden al objeto de gasto 831 que contempla transferencias a instituciones públicas o privadas en el marco de programas sociales o emergencias, sin embargo, mediante una ordenanza se otorgó la facultad de ejecutar el dinero a la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de la Comuna.
Aunque el intendente intentó deslindar responsabilidad en las decisiones, para la investigación es contundente su participación.
“Era la máxima autoridad por encima de los demás funcionarios en la toma de decisiones y, principalmente, referente a las acciones a ser realizadas con el fin de prevenir y mitigar la situación de propagación del virus mortal. Es así que él se encontraba en la escala más alta dentro de la estructura jerárquica municipal y se le confiaron todos recursos humanos y financieros, a los efectos de cumplir con los objetivos propuestos”, refiere la imputación.
Esta causa está a cargo de los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Jorge Luis Arce Rolandi, Silvio Corbeta Dinamarca y Marlene González de Ovelar.
Todo empezó en la pandemia
La investigación partió de la denuncia que realizaron en octubre de 2021 legisladores, concejales y abogados, entre ellos Kattya González, Celeste Amarilla, Sebastián García, Sandra Benítez, Álvaro Grau y Eduardo Nakayama, en contra de la administración de Rodríguez por irregularidades en las compras hechas en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
El primer equipo de fiscales se conformó ese mismo mes, mientras que en mayo de 2024 se formó el actual grupo de investigación.
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Nenecho Rodríguez asumió en la Intendencia en diciembre de 2019 para completar el mandato de Mario Ferreiro. En esa etapa estuvo hasta julio de 2021 y luego retornó al cargo como intendente electo.
Las irregularidades que le atribuyen parten desde el momento en que Rodríguez otorgó facultades a la Dirección de Gestión de Riesgos para ejecutar millonarios fondos de emergencia.
En marzo del 2020, esta dirección hizo un llamado para la compra de desinfectantes y aparecen como adjudicadas DFR SA, COVA y Bastian Comercial.
Al año siguiente, se realizó otra adjudicación nuevamente a COVA y Bastian Comercial, además de M&F.
El perjuicio patrimonial a través de DFR supera los G. 612 millones; con COVA fue de G. 674 millones; con Bastian Comercial llega a casi G. 400 millones, mientras que con M&F el monto alcanza los G. 152 millones.
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Funcionarios involucrados
Nenecho Rodríguez es solo la cabeza de la estructura, donde también participan varios funcionarios. En total son 22 las personas imputadas por el caso.
Por debajo del intendente figuran los directores Wilfrido Adrián Cáceres López, de Administración y Finanzas; Nidia Rosa López de González, de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastre Municipal; y Édgar Fabián Estigarribia Gavilán, quien había asumido en reemplazo de López cuando se encontraba con reposo médico y, al mismo tiempo, ejercía sus funciones como titular de la Dirección Administrativa de la misma dependencia.
La Fiscalía sospecha de que estas personas fueron ubicadas estratégicamente en cargos altos y clave que le permitían tomar decisiones y canalizar los fondos.
“Habrían sido los causantes de la existencia de la asociación criminal y aparentemente asumieron efectivamente el rol jerárquico o la función propuesta por el instigador, con lo cual adquirirían la cualidad de ser miembros causantes de tal asociación, y claramente se podrían colegir las acciones contributivas en forma coordinada, permanente y en el futuro de hechos punibles en conjunto”, refiere el acta de imputación.
López y Estigarribia habrían emitido las órdenes de compra simuladas de los insumos, en tanto que otros funcionarios como Nathalia Brítez y Enrique Chávez fueron los que supuestamente recepcionaron los productos, que, de acuerdo a la Fiscalía, en realidad no se entregaron.
También involucra al ex intendente interino César Daniel Ojeda por autorizar la transferencia de recursos financieros a la Dirección de Gestión de Riesgos con el fin de que amortice las deudas.
“Los procesados han creado una estructura delictiva a través de figuras legales (nombramientos, contratos, emisión de cheques, certificados de disponibilidad presupuestaria, resoluciones de autorización de transferencias, etc.) para la comisión de un fraude al patrimonio de la Municipalidad de Asunción, en perjuicio de todos los ciudadanos”, indica el documento del Ministerio Público.
Empresarios en la causa
En total fueron imputados 11 funcionarios y 11 personas vinculadas a las empresas investigadas.
David Fernández, Agustín Fernández Estigarribia y Miguel Ángel Lisboa forman parte de la causa como representantes de DFR; Juan Rodríguez y Jorge Argüello pertenecen a COVA y María Digna Méndez a M&F.
Asimismo, está el clan familiar que opera con Bastian Comercial. Sus integrantes son María Victoria Cano Rodríguez, Pedro Ramón Cano Torres, Antonio Cano Villagra y Benicio Antonio Cano Martínez.
