María Victoria Cano formaba parte de un clan familiar, que junto a su padre Pedro Cano Martínez y su tío Benicio Cano Martínez se alzaron con contratos por G. 2.086.522.120 para provisión de medicamentos, detergentes y hasta kits de alimentos para dar respuesta a sectores vulnerables durante la pandemia. Los Cano se hicieron con jugosos y repetitivos contratos con las firmas Diest Medicinal SRL, La Comercial Asuncena y Bastian Comercial.
Sin sanciones. A cuatro años de las compras Covid de la Intendencia de Asunción, Bastian Comercial sigue con el RUC bloqueado por la SET, actual DNIT. El procedimiento del ente estatal se trataba de la constatación de libros de compras y ventas y movimientos del local, que efectivamente no pudieron ser acercados a la institución para levantar la medida. Es decir, Bastian Comercial no pudo justificar aún su movimiento financiero para avalar las multimillonarias compras al servicio de la Municipalidad de Asunción, que para dichos fines requería incluso la importación del lujosísimo detergente.
¿No cobró? Bastian Comercial no solo mantenía contratos con la Municipalidad de Asunción, sino también con el Ministerio de Salud, según los datos en el portal de Contrataciones Públicas. En el Contrato de la Licitación 402372, adquisición de tóner para la Tercera Región Sanitaria por G. 9.100.000 de 2021, tiempo en el que inició el bloqueo del RUC no se registran pagos.
La empresa figuraba hasta el 2021 como una de las proveedoras favoritas de la cartera de Salud, con un total de 23 adjudicaciones. Todas por contratación directa. Su camino como proveedora de esta institución inició en julio del año 2019.
En abril del 2021 firmó contrato con la institución por G. 5.600.000 para proveer 16 tóners para fotocopiadora. Antes, en octubre de 2020, firmó contrato por G. 21 millones para entregar útiles como cinta adhesiva para embalaje, pegamento en barra, perforadora, memoria USB, y otros al Ministerio.
Entre los contratados de la Municipalidad de Asunción saltaron también varias firmas sancionadas por Contrataciones Públicas.
Siguen con bloqueo. La proveedora fantasma, DFR SA, representada por David Fernández Rachid, no solo nunca presentó documentación ante la entonces SET, sino que no se pudo encontrar oficina alguna de esta proveedora. Este hecho quedó documentado por este medio periodístico y en el informe de la Contraloría General de la República que realizó un recorrido por tres posibles direcciones.
DFR SA fue adjudicada y firmó contratos con la Municipalidad de Asunción por un monto total de G. 849.859.875, se alzó con el 50% de los G. 1.699.719.750, designados al rubro.
En el contrato entre DFR SA y la Municipalidad de Asunción, la firma citó como dirección 25 de Mayo entre Pa’i Pérez y Curupayty 1374; sin embargo, en el lugar se encuentra un estacionamiento.
Ante la SET, Pa’i Pérez y Cerro Corá, número 52; posteriormente con una nueva dirección, según datos de registro de persona jurídica, en 25 de Mayo 1398 y Pa’i Pérez. Y, finalmente, se constituyó en lo que serían las instalaciones de DFR SRL, empresa con la misma representación legal, pero diferente designación de sociedad, inscripta en Yegros entre Piribebuy y Fulgencio R. Moreno número 872. En ninguna dirección se pudo lograr contactar con algún miembro de la empresa o representante legal.
