OTEP protesta contra publicación de lista de docentes con título falso frente a la Contraloría

La OTEP-SN protagonizó una masiva manifestación frente a la Contraloría General de la República (CGR) en rechazo a la reciente publicación de una lista de docentes investigados por supuestos títulos falsos.

El reclamo apunta directamente contra la Contraloría y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) por divulgar identidades antes de culminar las pesquisas, lo que —según denuncian los manifestantes— vulnera las garantías constitucionales del debido proceso y la presunción de inocencia.

Durante la cobertura de la protesta, un representante del sector gremial cuestionó el procedimiento adoptado por los organismos estatales al ser consultado sobre el motivo de la movilización.

Ante la pregunta del periodista sobre si el reclamo se centra en la divulgación de las identidades, el dirigente respondió “sí, de los nombres, porque atenta contra el derecho a la defensa de los trabajadores. La Constitución Nacional”, explicó a Telefuturo, Aldo Espínola, de la OTEP-SN.

Al ser consultado sobre qué ocurre si los cuestionamientos sobre la falsedad de los títulos fueran ciertos, refirió “es que se tiene que comprobar para que se puedan publicar los nombres. Aquí, la Contraloría inadvertidamente publicó, violó el artículo 17 de la Constitución Nacional, el artículo 4 del Código Procesal Penal, que divulga una lista en donde los afectados no fueron notificados”, manifestó.

El docente enfatizó que el procedimiento correcto exigía una comunicación previa a los educadores señalados.

“Se hubiera primero notificado a los afectados para que puedan defenderse, cosa que no sucedió y se les expuso públicamente. Entonces, por eso estamos aquí, en defensa de los derechos constitucionales de todos los trabajadores que están afectados”, mencionó.

Lista afecta a conocida dirigente sindicalista

Como ejemplo de las fallas administrativas y el apresuramiento del informe, Espínola citó el caso de la dirigente Blanca Ávalos.

“Por ejemplo, en el caso de la compañera Blanca Ávalos, en la nómina aparece como título de Ciencia de la Educación, pero ella no tiene un título de eso, tiene uno de Ciencia de la Educación con énfasis en Ciencias Sociales. Entonces, cuando se pide un informe, en ese caso, de lo que no va a aparecer el nombre de la afectada con Ciencia de la Educación, porque ella tiene, con énfasis en Ciencias Sociales”, explicó.

Al ser consultado sobre si consideran que la situación responde a fallas en la investigación, el referente gremial sentenció que se trata de “un error en el desarrollo de la investigación, un error garrafal, porque se le expone públicamente a una persona que no tiene culpa en este caso, y ahí se atenta contra la Constitución Nacional”.

En otro punto, comentó que se requiere de una investigación sobre las irregularidades y los posibles títulos falsos dentro del magisterio.

“Todo puede haber, pero tampoco nosotros podemos juzgar ni tampoco decir que exista. Se tiene que hacer una investigación profunda, respetando siempre el derecho de cada ciudadano paraguayo”, enmarcó.

Consultado sobre la gravedad de que existan sospechas de títulos falsos en el sistema educativo nacional, el manifestante reconoció que la problemática es delicada, pero insistió en que el Estado vulnera las normas básicas al desacreditar a los docentes.

“Es grave porque están atentando contra el derecho, pero se tiene que hacer el proceso de debido seguimiento y que se respete lo que dice la Constitución Nacional, que es la presunción de inocencia, mientras dure el proceso de investigación. Acá se le expone a todo, sin que se haya tenido en cuenta eso”, aclaró.

Asimismo sostuvo que el Estado y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) son instituciones “irresponsables”.

“El Estado es un irresponsable, el Ministerio de Educación y Ciencia es un irresponsable, la Contraloría es un irresponsable, porque no se le puede juzgar antes de que haya una sentencia de la máxima autoridad en este caso”, apuntó.

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La controversia se enmarca en un escenario de extrema tensión institucional debido a un informe de la Contraloría que involucra a aproximadamente mil títulos presuntamente falsos.

A esto se suma el trabajo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), que ha puesto en conocimiento del Ministerio Público cerca de 100.000 títulos con indicios de contenido falso, advirtiendo que tres de cada cinco documentos emitidos entre 2023 y 2025 presentarían posibles irregularidades.