Ante la presión de los estudiantes, se incorporó en la Ley Hambre Cero un artículo que blinda la gratuidad de aranceles en las universidades públicas, pero dependerá de recursos del Tesoro, es decir, Fuente 10. Sin embargo, para los universitarios igualmente no está garantizado el financiamiento y rechaza su promulgación.
“Esta situación afectará gravemente a aproximadamente el 33 % del estudiantado de la FCM (699 estudiantes cuentan con el beneficio del Arancel Cero), sin olvidar también el detrimento al desarrollo y sostenimiento de las investigaciones científicas y sus contribuciones a la sociedad”, sostiene el comunicado del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA.
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Explica que los recursos que tenían blindaje con el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), el cual quedó eliminado con la nueva Ley, ahora estarán condicionados a lo que el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) destine cada año a la gratuidad de aranceles, un beneficio garantizado por la Ley N° 6628 y que se obtuvo luego de una larga lucha estudiantil.
Como antecedente de los riesgos de desfinanciamiento, los universitarios expusieron la experiencia de las ollas populares. “Existen ejemplos como la Ley N.° 6945 de “Comedores y Centros Comunitarios”, que a 2 años de su promulgación aún no recibieron los correspondientes desembolsos anuales para su ejecución, siendo que esta también se encuentra bajo financiamiento del PGN”, recordaron.
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Los futuros médicos no ven garantizado el financiamiento del Arancel Cero con Fuente 10 debido también a que el presupuesto presenta un déficit de 2,6% respecto al producto interno bruto, por encima del tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
En este contexto, consideran que es difícil que el Estado pueda cubrir el Arancel Cero que con el Fonacide estaba asegurado mediante los ingresos que tiene Paraguay por la venta a Brasil de los excedentes de energía de Itaipú.
El Centro de Estudiantes de Medicina no solo rechazan la Ley, sino también que se haya aprobado en el Congreso e inmediatamente promulgado “sin ninguna audiencia pública previa, excluyendo del debate y consulta a las personas involucradas en las políticas que plantea”.
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Asimismo, se dirige al Consejo Superior Universitario de la UNA, que si bien apoyó las movilizaciones en contra de la Ley, quedó conforme con la incorporación de la modificación. Los estudiantes repudian esta posición y además exigen a dicho estamento académico cumplir con su función de representar y velar por los derechos estudiantiles.
Ley promulgada en tiempo récord
Al igual que otros proyectos, Hambre Cero fue estudiado por ambas cámaras del Congreso y promulgado en tan solo tres días, de manos de una mayoría cartista. El miércoles se trató en Diputados, jueves en Senado y al día siguiente Santiago Peña formalizó su entrada en vigencia.
Lo mismo había ocurrido a fines del 2023 con la Ley de Superintendencia de Jubilaciones, que desató una masiva protesta de trabajadores y posteriores represiones por parte de la Policía Nacional.
