La red solidaria, que cuenta con varios voluntarios que ayudan a las familias campesinas a vender sus productos a un precio justo evadiendo a los abusivos intermediarios, denunció que un grupo de agricultores con el que trabaja perdió sus cultivos y viviendas durante un violento desalojo.
“Desde el Mercadito Campesino repudiamos este hecho y te invitamos a apoyar y solidarizarnos con más fuerza a las familias de nuestro Paraguay campesino”, expresa la articulación en su fanpage, donde todas las semanas reciben los pedidos de los productos frutihortícolas.
Algunos miembros de esta organización también trabajan con la Red Agroecológica, que realiza sus ferias cada sábado en la Plaza Italia.
En comunicación con ÚLTIMAHORA.COM, el dirigente Fabio Villalba relató los hechos que ocurrieron en el asentamiento San Miguel, de la compañía Yacaré, en la tarde del lunes.
Una comitiva de unos 200 efectivos policiales que fueron desde Asunción ingresó a la comunidad y comenzó a detener a todo aquel que reclamara una orden judicial. Fue así que pasaron por el calabozo cinco personas, dos de ellas mujeres.
Incluso unos 35 civiles formaron parte del procedimiento. Fueron estos quienes quemaron las viviendas sin la posibilidad de recuperar algunas de sus pertenencias, mientras que los cultivos de mandioca, maíz, sandía, tomate y banana quedaron destruidos.
Encabezó el equipo la fiscala Diana Laterza, quien de acuerdo al relato además imputó a los campesinos detenidos por haber reclamado el procedimiento.
Las familias no tuvieron otra opción que refugiarse en casa de sus compañeros y parientes, quedando sin opciones para su subsistencia. Tampoco tuvieron oportunidad de negociar una solución pacífica, pues si bien la fiscala dijo que notificó de estos trabajos a los dirigentes, estos refieren que nunca les llegó la advertencia.
Irregularidad. Los hijos de un argentino reclaman 115 de hectáreas de las tierras como la herencia de su padre fallecido; pero, según los productores, estos solo tienen título sobre 47 hectáreas, las demás son estatales.
Para solucionar el conflicto que inició hace unos cinco meses, las familias campesinas acudieron al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para solicitar una mensura judicial y así se pueda determinar oficialmente cuáles son las tierras fiscales y reclamar sobre ellas la regularización del asentamiento.
Sin embargo, mientras el documento sigue aguardando una resolución por parte del instituto agrario, las fuerzas de seguridad ya concretaron el operativo en favor de los extranjeros.
María Cristina Domínguez, María Félix Brítez, Cristian Damián Vera Brítez, Mario Alcides López y Marcos Velázquez fueron imputados por el caso.
