La Cámara de Senadores restituyó los fueros de Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola. El procedimiento fue claramente una decisión con trasfondo político partidario, pues la lectura que se hizo de esta se explica como una revancha por la falta de apoyo para quitar los fueros al ex presidente Mario Abdo Benítez. Esto equivale a decir que si el ex presidente no es desaforado, pues los demás tampoco lo serán.
A principios del mes, y a pesar de tener mayoría en el Senado, la bancada de Honor Colorado no reunió los votos necesarios para aceptar el desafuero de Mario Abdo Benítez, investigado por la presunta filtración de datos sensibles sobre el ex presidente Horacio Cartes. No obstante, la explicación de la supuesta revancha sería tan solo un aspecto de la motivación, ya que la verdadera razón de fondo sería la intención de blindar al senador colorado-cartista Erico Galeano, y salvarlo de una condena en la Justicia. El legislador está procesado por lavado de dinero y asociación criminal en el caso A Ultranza Py, operativo que había desmontado una red de narcotraficantes. Estratégicamente, fue incluido en la insólita decisión Rafael Filizzola, quien lleva un proceso por supuesto perjuicio al Estado, siendo ministro del Interior.
El otro caso es el del senador Hernán Rivas, quien ni siquiera necesita de sus fueros, ya que la causa en su contra, por un supuesto título falso, va camino a resolverse a su favor.
No existen en el país precedentes; anular una resolución de desafuero es algo insólito y claramente genera un grave problema para la Fiscalía y el Poder Judicial, instituciones que deberán resolver cómo proceder, pues se trata de senadores que están siendo investigados por la Justicia.
Según la opinión del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Luis Lezcano Claude, la decisión del Senado de devolver los fueros a tres legisladores que cuentan con proceso judicial es inconstitucional. En términos sencillos, explicaba que, “cuando la Cámara concede el desafuero está diciendo que está de acuerdo con que uno de sus integrantes sea sometido a un proceso penal y lo pone a disposición de la Justicia Ordinaria en cuanto a un proceso concreto, con todas las implicancias que ello supone, incluida la posibilidad de la prisión preventiva.
Al revertir un desafuero, la Cámara de Senadores sabe que puede interferir en un proceso penal en curso. Lezcano Claude señala que la Constitución prescribe que en ningún caso los miembros de los otros poderes pueden paralizar procesos en curso o intervenir de cualquier modo en los juicios (cf. artículo 248, CN). El mismo precepto dice: “Actos de esta naturaleza conllevan nulidad insanable”.
Como si este caso no fuera suficiente presión sobre nuestro sistema, también fuerza la independencia de los poderes. El presidente Santiago Peña intervino en el debate y justificó la nueva figura impulsada desde la bancada cartista de devolver fueros a sus senadores que se encuentran en medio de un proceso judicial. Peña opina sobre el proceso a un senador imputado por lavado de dinero y asociación criminal; eso es injerencia.
Revertir el desafuero ha sido un acto gravísimo, pues no solo roza la inconstitucionalidad, sino que además es un claro ejemplo de cómo, con una decisión tomada por una mayoría parlamentaria ebria de poder, se puede provocar un verdadero tsunami que se está llevando por delante la independencia de los poderes del Estado.