El balance de Paraguay en 2025 es el de una nación en una encrucijada. Por un lado, demuestra resiliencia macroeconómica, pero por otro lado revela la incapacidad de su modelo para generar un crecimiento inclusivo que contribuya al desarrollo. Las profundas y persistentes brechas sociales y económicas, la dependencia de sectores primarios y las debilidades institucionales son los mejores indicadores de un modelo agotado. Las transformaciones que se requieren deben ser parte de un pacto social y económico concertado en el que todos los actores se sientan comprometidos con cumplir las responsabilidades que les toca. Este pacto debe ser construido, además, bajo reglas democráticas y ser aceptado por la mayoría.
El año 2026 debe ser el año en que la clase política, el sector privado y la sociedad civil paraguaya forjen un nuevo pacto nacional. Un pacto que trascienda el cortoplacismo y ponga en el centro la transformación productiva, la equidad social y la fortaleza institucional. El camino ya no es crecer para luego distribuir. Esa hipótesis quedó descartada porque el país creció; sin embargo las desigualdades se mantuvieron, así como otras barreras para el desarrollo.
Paraguay tiene los recursos, la ubicación geográfica y el potencial humano para dar el salto. Lo que necesita en 2026 es la voluntad política colectiva, la visión estratégica y la audacia para emprender las reformas que lo conviertan, finalmente, de una tierra de promesa, en una nación de prosperidad compartida y sostenible.
La transición de un crecimiento económico alto pero vulnerable, volátil y con escaso impacto en el empleo hacia un crecimiento económico que contribuya al desarrollo debe edificarse sobre al menos cuatro pilares fundamentales, que requieren acción concertada a partir de 2026.
El primer pilar es la transformación productiva basada en el conocimiento. La diversificación y complejidad económica deben estar en el centro de las políticas económicas. Esto exige una política Industrial que incentive cadenas de valor más complejas y una mayor inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación vinculando los incentivos fiscales a las inversiones que generen empleos decentes y agreguen valor.
El segundo pilar debe ser la inversión en capital humano. Una economía del conocimiento se sostiene sobre ciudadanos saludables, capacitados y con pensamiento crítico. Esta reforma será inútil sin un sistema de protección social integre una red de seguridad y garantice la formalización laboral. Asimismo, la inversión en salud pública centrada en la atención primaria y en la medicina preventiva es un requisito básico para una fuerza laboral productiva.
El tercer pilar es la construcción de instituciones públicas que generen confianza. La lucha anticorrupción y una justicia eficiente exigen la voluntad política de aplicar el marco normativo sin contemplaciones.
El cuarto pilar es la sostenibilidad en su doble dimensión: Ambiental y fiscal. La transición hacia una economía verde es la gran oportunidad de Paraguay. Paraguay debe proteger sus recursos naturales, considerarlos bienes comunes y aprovechar toda la potencialidad que ofrece la producción de energía limpia. Para financiar esta transición, se requiere un pacto fiscal para el desarrollo. El endeudamiento público no es la salida, sino una reforma tributaria progresiva que además de pagar la deuda financie de manera justa las políticas que requiere un crecimiento inclusivo y sostenible.
Paraguay tiene en 2026 la oportunidad histórica de impulsar las reformas, dejando atrás el falaz exitismo del crecimiento económico para avanzar hacia un crecimiento inclusivo que tenga un alto impacto en el desarrollo y el bienestar de las personas.
