Los diputados se ratificaron en la derogación del convenio con la Unión Europea (UE) para el financiamiento del proyecto de transformación educativa, que ahora pasó al Senado, pero el oficialismo ya tenía un plan entre manos, y es que el nuevo gobierno admite que necesita la donación de G. 110.000 millones para el Ministerio de Educación.
El vicepresidente electo Pedro Alliana anunció que presentarán una adenda (modificación), para que se elimine lo referente a la transformación educativa y los fondos vayan directamente al MEC para otros proyectos. “Se está hablando con Cancillería para que sea un acuerdo entre la UE y el Gobierno Nacional”, dijo.
Alliana negó que hayan mentido para sacar rédito electoral durante la campaña, sobre lo que denominan ideología de género, como acusó el ministro de Educación, Nicolás Zárate. Cuando se le consultó en qué parte del convenio se habla de adoctrinamiento a niños, el vicepresidente no supo responder y evadió a los periodistas.
Durante el debate, los cartistas, principalmente, alegaron que votarían por la derogación en defensa de la familia. Yamil Esgaib dijo que no permitirán imposiciones sobre cómo criar a los niños y que en la siguiente administración el dinero “va a sobrar”, porque actualmente se roba en las licitaciones.
La diputada Johanna Ortega, de País Solidario, acusó que existe una “despreciable manipulación mediática y política sobre el convenio” y que tanto cartistas como sus aliados mienten, desinforman e infunden miedo, a pesar de saber que el MEC necesita el presupuesto y que la donación en realidad no tiene condicionamientos.
“Lo que verdaderamente me importa son los miles de niños, niñas, jóvenes y docentes que van a verse perjudicados en el juego sucio de la interna partidaria que ya terminó”, sentenció.
Agregó que lo que sí debe mejorar en la educación y debe ser prioridad para los “defensores de la familia” son los indicadores como la tasa bruta de matrícula a niveles de jardín de infantes, tasa de egreso al término de los 12 años de escolaridad y el porcentaje de docentes de educación básica y media capacitados. “Si no se ejecuta la segunda transferencia, 75.000 estudiantes se van a quedar sin kits escolares, 47.000 sin váucher para materiales y van a faltar cuatro meses de almuerzo escolar para 45.000 estudiantes”, detalló.
Acusó al sector cartista de usar hasta la religión para manipular a las personas y sacar beneficios. Esto causó molestia tanto a colorados como a opositores, ya que la mayoría está en contra del convenio. En total, 68 votaron por la derogación (entre ellos, Rocío Vallejo), seis en contra y hubo una abstención. “No son capaces de decirle a la gente que votó que usan este tema (transformación educativa) para rédito político”, denunció.
Finalmente, pidió a Fuerza Republicana que no tenga miedo, “por dos o tres cargos que les prometen porque luego les dan cargos a gerentes del Grupo Cartes. Porque sabemos que no les importa la vida y la familia”, manifestó.
Rubén Rubin fue claro al señalar que no existe nada sobre “la ideología de género” en el convenio. “Le están asustando al pueblo con un fantasma que no existe, con teorías conspirativas”, refutó.
Un grupo de diputados de Fuerza Republicana, como Alejandro Aguilera, responsabilizaron al presidente electo Santiago Peña de lo que pueda pasar después del 11 de setiembre, hasta cuando se tiene cubierto el alimento escolar. “Dejamos a cargo de Peña, porque dijo que él se encarga del faltante desde el 11 de setiembre”, respondió.
También, Roberto González afirmó que es gravísima la derogación. “Es un asunto que se bastardeó, se manipuló en contexto electoral. A la UE no le interesa quién es homosexual”, lamentó.
