Los chats fueron extraídos en el marco de una causa en la que ya había sospecha de ilegalidad para estafar a la familia Friesen, de Santa Rosa del Aguaray. Estas conversaciones con un juez civil exponen que ambos llamaban a una persona como el “jefe” y que el magistrado le requería el dinero que le correspondía “como siempre”. Desde ÚH intentamos contactar con el juez, pero no obtuvimos respuesta.
Para entender, la abogada Ilsa Paredes y sus colegas José Ljubetic y Willian Bogarín (funcionario de la Cámara de Diputados) están acusados por la Fiscalía debido a que habrían estafado por USD 1.600.000 a una familia de colonos menonitas del Departamento de San Pedro, al pretender venderles tierras que eran ajenas.
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A raíz de eso, se habían incautado los teléfonos de todos ellos y entre los mensajes de Paredes se encontró la conversación con el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray.
El magistrado estaba asignado a la causa por sucesión de la familia de colonos, donde los tres abogados hoy acusados les representaban.
Tiempo después, la familia Friesen les revocó el mandato, ya que descubrieron las irregularidades en las tierras por las que pagaron.
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Pese al dinero del que ya habrían despojado a los colonos, de igual manera la abogada inició un juicio de regulación de honorarios, por haberles representado en la sucesión.
“La regulación de honorarios se presentó ante el mismo juez Nelson Antolín Mercado, cuya tramitación fue inmediata”, dijo la nueva abogada de la familia, Gessy Ruiz Díaz.
Presuntos negocios entre el juez y la abogada
Con los chats a los cuales accedieron, “se ha constatado una de las hipótesis inicialmente tenidas, basada en el presunto contubernio de magistrados de la zona de Santa Rosa del Aguaray y los profesionales”, explicó.
La abogada Gessy Ruiz Díaz contó que al acceder a los mensajes de Ilsa Paredes, a modo de filtrar, pusieron “Friesen” en el buscador y verificaron que saltaban conversaciones con un tal “Dr. Mercado”.
“Mirando los chats, entendimos que era el juez. Comenzamos a mirar más y vimos que enviaba resoluciones”, comentó la profesional.
Y evidentemente, la conversación con el número de teléfono que termina en 252, se centra en los procesos judiciales de la abogada, donde el mismo juez le pregunta “qué tengo que sacar”. “Básicamente hay un contubernio entre el juez y la abogada, que además tenían determinados honorarios”, sostuvo Ruiz Díaz.
¿Se le pagó al juez?
Los chats también mencionan que el “jefe” decía que había dinero a disposición. “1.500 lo que tiene disponible ahora me dice”, es un mensaje que se lee, que la abogada envió al juez el 31 de enero del 2022.
La respuesta llegó recién el 1 de febrero de ese año. Directo preguntó: “Dol o gs (dólares o guaraníes)”, y Paredes le confirma que es “dólar”. En otros momentos, él le reportaba que ya estaba la ampliación de la resolución en el caso Friesen o le avisaba que iba a resolver la ejecución de la sentencia por los honorarios.
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El hecho todavía no es investigado por la Fiscalía, pero será denunciado por los abogados de la familia Friesen, que pedirán que se indaguen los hechos de cohecho pasivo agravado y si se confirma, también de tráfico de influencias. La Corte abrió una auditoría administrativa.
Hay pedido de juicio oral
En noviembre del año pasado, los fiscales José Godoy y Carlomagno Alvarenga acusaron y pidieron el juicio oral para los abogados José Ljubetic, Ilsa Paredes y Willian Bogarín (funcionario de la Cámara de Diputados recientemente reincorporado) por supuesta estafa a la familia Friesen.
Fueron acusados por el hecho punible de estafa y falsificación de documentos.
En el año 2017, Ljubetic se había presentado como abogado a la familia Friesen Neufeld, ofrecía gestiones judiciales y dijo que contaba con un estudio jurídico.
Bernardo y Hernán Friesen le compartieron ese año la intención de comprar tierras en el Chaco para invertir y el abogado les acompañó a ver unas tierras que se querían vender.
Les ofreció 8.000 hectáreas a cada uno, en el Chaco, y la familia Friesen pagó USD 1.600.000, pero a las tierras nunca accedieron. Después descubrieron que las fincas eran privadas.
Ahora, será el juez el que decida si el caso se eleva o no a juicio oral.
