El Consejo de la Magistratura (CM) anunció que ya inició sumarios, auditorías documentales y separación preventiva de funcionarios imputados por supuestamente facilitar la carga de datos adulterados al sistema, en concursos públicos para jueces.
A través de un comunicado, el Consejo anunció que ellos mismos promovieron la denuncia ante el Ministerio Público y remitieron los antecedentes del caso, “reafirmando el compromiso con la transparencia, la legalidad y el control institucional”.
A raíz de esa denuncia, el fiscal de Anticorrupción Leonardi Guerrero imputó a la jueza de Pedro Juan Caballero, Librada Peralta; el ex juez Mario Brítez; la ex actuaria Schirley Paola Irala y el asistente fiscal Fredy Rolón Villalba.
Estos habrían adulterado un certificado de especialización en Derecho Procesal Penal dentro de concursos públicos en el Consejo.
Junto a ellos, fueron imputados el funcionario del Consejo de la Magistratura, Rafael Prieto, y otro de la Escuela Judicial, Rodrigo Ávalos, en calidad de cómplices.
La ciudadanía controló. En su comunicado, el Consejo ratificó que “estos hechos corresponden a responsabilidades individuales y que los mecanismos institucionales de control, publicidad y apertura ciudadana permitieron detectar inconsistencias”.
Continuaron diciendo que “la detección fue posible gracias al sistema de participación ciudadana y observaciones públicas, así como a la amplia publicidad de los procesos de selección que garantizan transparencia, trazabilidad y acceso público”.
Ya con antecedentes. El hecho detectado alarmó al sistema de Justicia y a los diferentes gremios a raíz de la vulnerabilidad que hubo. También se descubrió que una de las imputadas, la ex actuaria Schirley Irala, ya había sido imputada en el 2016 por supuestamente sacar y hurtar hojas de un expediente siendo actuaria. Sin embargo, se desconoce cómo terminó el caso.
