Natalia Martínez Miskinich era la dueña de Negro, un perro cuya muerte se registró este sábado en el barrio Villa Armando, Concepción. La mujer denunció que su mascota perdió la vida en manos de un efectivo de la Policía Nacional, que aparentemente usó su arma reglamentaria para dispararlo.
Acusó a un uniformado de nombre Fredy Ramón Penayo Cardozo, que se desempeña como suboficial en la misma ciudad, y cuyo domicilio tiene en frente mismo del suyo.
De acuerdo con su denuncia, todo ocurrió aproximadamente a las 20.00 de este viernes, cuando estaban mirando la televisión en su casa, y en un momento dado su hija le avisó que escuchó una pelea de Negro con otro perro.
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Martínez contó que, alarmado por la situación, su hermano salió a mirar a la calle qué estaba ocurriendo. En ese ínterin, supuestamente, encontró parado frente a su vivienda al policía con un arma de fuego en mano.
“Mi hermano sale a mirar y le ve al suboficial y le reclama, y él (policía) le amenaza”, contó.
La denunciante describió que el efectivo policial, aparentemente, estaba en estado etílico cuando realizó los disparos contra Negro.
Después del episodio, su mascota ingresó a la casa con su otro dueño y recién una vez dentro del domicilio se percataron que tenía un impacto de bala en el abdomen. Rápidamente, fue atendido por un veterinario, pero no el animal no resistió la herida, y tras perder mucha sangre, su deceso se registró a tempranas horas de este sábado.
El hermano de Natalia Martínez radicó una denuncia en contra de Penayo Cardozo en la Comisaría jurisdiccional de Villa Armando en la misma noche del hecho.
Su dueña recordó a Negro como un perro muy obediente. Dijo que no era bravo, pero afirmó que si lo molestaban, así como cualquier otro animal, él respondía en su defensa.
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“Era un miembro más de la familia”, señaló y pidió que se haga justicia en la causa.
Por su parte, el director Nacional de Salud, Defensa y Bienestar Animal, Juan Manuel Enciso, dijo que impulsarán la denuncia y que la Fiscalía se encargará de dar curso a la investigación pertinente.
“Es un caso de maltrato animal enmarcado con sanciones penales de hasta 2 años de cárcel o multa, como lo dicen en la modificación de la Ley 5892/17", citó.
