Según la denuncia, presentada por Cecilia Pérez y sobre la cuál pide a Basilio Bachi Núñez consultar al Banco Central del Paraguay (BCP), el documento en cuestión data del 22 de febrero de 2022 y vincula a la Concertación Frente Guasu, al exsenador Carlos Filizzola, a Aida Robles y a Oscar Darío Rojas, quienes sostienen que jamás firmaron la documentación ni recibieron el dinero de la supuesta campaña electoral. Las pericias caligráficas del Laboratorio Forense del Ministerio Público determinaron la falsedad de todas las firmas de la cadena crediticia.
“Esta persona no podía entregar sus G. 2.200 millones en un pagaré en el que están afectadas tres personas. Es de público conocimiento porque es un supuesto pagaré vendido, de Credicentro, que era de una campaña electoral del 2018 del Frente Guasu”, afirmó la abogada Cecilia Pérez al explicar el origen del reclamo en la sede legislativa.
Pérez remarcó que se busca determinar el grado de conocimiento que tenía la banca matriz sobre las irregularidades al momento de avalar la transferencia de la cartera crediticia.
“Nosotros hoy estamos pidiéndole al senador Basilio Núñez que haga preguntas concretas que están en esta nota y que le exhorte a los representantes de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a que abran una investigación preliminar, tanto con las dilaciones generadas dentro del expediente civil donde todavía no se pudo peritar el pagaré, como en la causa penal donde la pericia ya tiene un año y todavía no hay un solo imputado”, expresó la representante legal .
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La letrada advirtió además sobre las implicancias legales del caso en el ámbito financiero y regulatorio. “La producción de documentos no auténticos es un delito precedente del lavado de dinero, y no puede ser que el Banco Central permita que remanentes de un delito estén continuando con autorización del BCP la circulación como un activo dentro de las carteras de los bancos cuando es resultado de un delito, que en este caso es la falsificación de las firmas”, manifestó.
Finalmente, cuestionó la falta de respuesta institucional respecto a los controles de las entidades y la inacción de la Fiscalía. “Es grave porque en cualquiera de los casos, si hay una omisión, fueron las entidades las que les mintieron a la Superintendencia de Bancos, y si no, por qué la Superintendencia de Bancos o el Banco Central no aplicaron su propio reglamento devolviendo esa cartera y exigiendo que se excluya ese monto de la venta. Estos son hechos nuevos dentro de una investigación que ya comenzó en el año 2024 y que hemos denunciado in totum a la fiscal del caso, que es la doctora Soledad González, y hasta hoy día no tenemos una sola diligencia”, concluyó la abogada.
Operación vinculada a Ueno
Según la denuncia, la operación comercial está ligada a Financiera Ueno SAECA (actualmente ueno bank SA), entidad que en junio de 2023 promovió una demanda ejecutiva para cobrar un pagaré de G. 2.021.219.253 atribuido a la Concertación Frente Guasu, Carlos Filizzola y otros dirigentes. Ante el reclamo judicial y la impugnación de las firmas por parte de los afectados, la propia entidad bancaria formuló en septiembre de 2024 una denuncia penal por supuesta falsificación del documento. Pese a que una pericia oficial del Laboratorio Forense del Ministerio Público determinó en abril de 2025 que todas las firmas del trámite crediticio eran falsas, el título continuó figurando como un activo válido.
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El punto central de la controversia radica en que ueno bank incluyó dicho pagaré peritado por falsedad dentro de un paquete masivo de venta de cartera de créditos transferido a la firma Vinanzas SA, empresa perteneciente a su mismo grupo económico. Según la presentación remitida al Senado, esta cesión de cartera no fue notificada a los supuestos deudores ni comunicada a las autoridades judiciales del caso. Asimismo, se advierte que la entidad habría omitido aplicar la reglamentación del Banco Central del Paraguay (BCP), la cual exige devolver los créditos y reportar formalmente a la Superintendencia de Bancos ante la detección de fraudes.
Los denunciantes plantean que el banco incurrió en un ocultamiento de información ante el órgano regulador al transferir documentación bajo investigación penal por falsificación de firmas. Esta situación no solo mantiene los embargos e inhabilitaciones financieras sobre los afectados por un crédito que nunca solicitaron ni recibieron, sino que también expone al sistema financiero al cómputo de activos irregulares derivados de un eventual hecho punible.
