La denuncia presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) es contra los fiscales de Alto Paraná Édgar Modesto Torales, Nilda Torales, Zunilda Ocampos y Elvio Aguilar, y la jueza penal de Garantías de Ciudad del Este Alba Meza.
El documento fue presentado este miércoles por el senador del Partido Democrático Progresista (PDP) Pedro Santa Cruz, tras una audiencia del ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, y el comandante de la Armada, Carlos Velázquez, ante las comisiones de DDHH y Asuntos Contistucionales del Senado.
El legislador expresó su preocupación por la actuación de los representantes del Ministerio Público en el caso del asesinato del marino Marcos Agüero y la detención de 35 personas que denunciaron hechos de torturas en represalia por la muerte del militar.
“El homicidio y las torturas quedarán impunes en este paso”, señaló el legislador a través de su cuenta de Twitter.
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La denuncia sostiene que se requiere la investigación de oficio de parte del JEM en la actuación de los operadores judiciales intervinientes. Por ejemplo, se explica que el acta de imputación no reúne requisitos mínimos para un documento de esa naturaleza.
“En el documento no existe una descripción de las conductas a los imputados, las circunstancias en que se realizaron esas conductas, el modo en que las mismas fueron atestiguadas, únicamente una descripción genérica que ni siquiera puede decirse que sea de los hechos sucedidos”, argumentó el senador.
Tampoco se precisan los hechos de sospechas o las evidencias que se cuentan contra cada una de las personas imputadas. “En términos coloquiales, los fiscales de esta causa en la mencionada acta dicen: ‘Ustedes fueron’, no se dice por qué, según quién, haciendo qué cosa concreta, en qué momento preciso, ni mucho menos presentando evidencias materiales de lo señalado”, advirtió.
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Según el legislador, el Ministerio Público “toma, al parecer, a pie juntillas el relato de los efectivos de la Armada”, y reprochó la competencia de los mismos para actuar como fuerza policial. Dijo que eso se convalida con las supuestas evidencias obtenidas sin orden, ni supervisión judicial, “en un procedimiento nulo que se corona con masivas torturas”.
Agrega que esta mala práctica de la Fiscalía pone en riesgo el esclarecimiento del homicidio de Marcos Agüero, así como las actuaciones prohibidas por la Constitución Nacional como lo es la tortura como método de investigación que no es objetado, convalidándose su utilización. “Lo que resulta más grave es que el Ministerio Público y el Poder Judicial no contribuyen a la búsqueda de la verdad”, indicó en el documento.
El senador lamentó que 25 personas se encuentran procesadas con prisión domiciliaria por el supuesto hecho punible de resistencia, sin embargo, el Ministerio Público ni el Juzgado involucrados cuestionan si la autoridad (Armada Paraguay) que realizó el procedimiento lejos de su área de competencia, estaba facultada para realizar dichos procedimientos.
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Además, cuestionó que fueron imputadas por violación de la cuarentena, cuando se puede observar en el acta y en los videos que las personas fueron sacadas a la fuerza de sus domicilios.
Santa Cruz criticó la agilidad del Ministerio Público para resolver las imputaciones de los 25 procesados y que hasta la fecha no exista imputación contra los uniformados a pesar de las masivas pruebas y evidencias. Calificó como gravísimas las acciones y omisiones de los operadores del sistema de Justicia en el caso.
