De acuerdo con los datos recabados por la investigación fiscal y policial, los internos del Centro Penitenciario de Reinserción Martín Mendoza, ubicado en Emboscada, burlaron los controles mediante el corte de barrotes y el empleo de sogas confeccionadas con sábanas y frazadas, aprovechando una zona perimetral que se encontraba llamativamente desatendida y sin custodios en el momento de la ejecución. Como consecuencia, cuatro guardias fueron aprehendidos.
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Las pericias iniciales y el análisis de las cámaras de circuito cerrado expusieron fallas deliberadas, ausencia de rondas reglamentarias y una supuesta complicidad interna que facilitó el desplazamiento de los criminales.
La fuga de reos en el penal de Emboscada ocurrió en la madrugada del domingo 25 de octubre.
Como consecuencia directa de este grave suceso, el Ministerio Público procedió a la detención y posterior imputación del ex director del reclusorio Pablo Abel González Apuril, procesado inicialmente por hechos vinculados a la frustración de la persecución penal y sospechado de colaborar activamente en la liberación.
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En la misma línea, las pesquisas derivaron en la orden de captura y posterior presentación voluntaria del ex jefe de inteligencia penitenciaria, Derlis Cáceres, cuya vivienda en la ciudad de Villa Elisa fue objeto de un allanamiento en el marco de la causa.
La onda expansiva del caso golpeó también la estructura ministerial. El Ministerio de Justicia dispuso la remoción de Rubén Peña como director general de Establecimientos Penitenciarios, y se designó a un reemplazante para intentar contener la crisis institucional.
Asimismo, el viceministro de Política Criminal y Penitenciaria, Rubén Maciel, presentó su renuncia indeclinable al cargo tras darse a conocer que su hermano, de profesión abogado, representaba a uno de los reclusos del mismo penal, que estaba beneficiado con una celda vip.
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Hallazgo de celdas vips tras la escandalosa fuga
A la par de las primeras diligencias tras la fuga, las intervenciones operativas e inspecciones minuciosas en los pabellones de la penitenciaría sacaron a la luz un entramado de privilegios irregulares dentro del recinto.
Las autoridades detectaron la presencia de celdas acondicionadas con comodidades totalmente prohibidas por el régimen penitenciario, entre las cuales se constató el uso de electrodomésticos, sistemas de climatización, dispositivos de comunicación y mobiliario diferencial no autorizado.
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Este hallazgo reconfirmó la existencia de esquemas de corrupción arraigados y tratos de favor otorgados a ciertos reclusos, elemento que refuerza la hipótesis fiscal sobre el control permisivo y la complicidad de las autoridades penitenciarias salientes.
Perfil de los reclusos fugados
Los evadidos que mantienen en alerta a los organismos de seguridad del Estado son Éver Alejandro Osuna López, conocido con el alias de Tanchi, y Robert Arsenio Merlo Villalba, ambos alojados en un sector estratégico de máxima seguridad debido a la gravedad de sus antecedentes.
Éver Alejandro Osuna López purga una condena principal de veinticinco años de pena privativa de libertad por la comisión de homicidio doloso, además de registrar otras causas acumuladas que incluyen condenas por asociación criminal y su participación directa en un caso de secuestro.
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Por su parte, Robert Arsenio Merlo Villalba cuenta en su haber con dos condenas firmes por homicidio en grado de tentativa, afrontando una sanción acumulada de alto rango cuya compurgación total se proyectaba inicialmente hasta el año 2035.
Ambos sujetos continúan con paradero desconocido mientras los estamentos policiales despliegan operativos intensivos de búsqueda a nivel nacional para lograr su recaptura y determinar el alcance total de la red de complicidades que permitió su salida de la penitenciaría de máxima seguridad.
