Se trata de Derlis Antonio López Mereles, de 27 años, denunciado por su ex pareja Nathalia Beatriz Peralta Ovelar, de 32, quien lo acusó de matar a su mascota en un contexto de violencia.
El hecho ocurrió el 7 de diciembre de 2025, tras una discusión iniciada en Foz de Yguazú, Brasil, y que continuó en la vivienda de la mujer, en Presidente Franco.
Según la denuncia, el hombre ahorcó al gato y luego lo arrojó al suelo, y le causó la muerte. La escena habría sido grabada con un teléfono celular.
Tras la difusión del caso, la empresa Visão Vip emitió un comunicado público en el que expresó su repudio a cualquier forma de violencia y confirmó que el trabajador involucrado fue desvinculado.
“El funcionario ya ha sido desvinculado de la empresa”, señala el pronunciamiento, en el que además aseguran que se tomaron las medidas correspondientes.
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En paralelo, el Ministerio Público primeramente ordenó la detención del joven, luego lo imputó por la supuesta comisión del hecho punible de maltrato y crueldad animal y, de igual forma, solicitó su declaración de rebeldía.
La representación pública fundamentó la imputación bajo la calificación jurídica de la Ley 7513/2025, específicamente por la violación de los artículos relativos a la crueldad animal, las prohibiciones y el deber general contra el maltrato, en concordancia con la autoría prevista en el Código Penal.
Para sustentar la sospecha de autoría, el Ministerio Público reunió diversos elementos de convicción, entre los que destacan un pendrive que contiene imágenes audiovisuales del hecho, grabadas con un teléfono celular, en las que se aprecia la conducta violenta del imputado contra el animal.
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Asimismo, se incorporaron testimonios y actas, incluyendo la declaración testifical y notas policiales remitidas por la Comisaría 6 de la jurisdicción, además de vistas fotográficas consistentes en dos tomas que confirmarían el hecho denunciado.
Finalmente, el Ministerio Público requirió un plazo de cinco meses para la investigación y solicitó que, una vez se logre la captura del imputado, el Juzgado decrete su prisión preventiva, medida cautelar sustentada en la gravedad del hecho y el latente peligro de fuga, considerando la facilidad existente en la zona para salir del país.
La legislación vigente prevé hasta seis años de prisión cuando el maltrato animal deriva en la muerte.
Paralelamente, el fiscal Edgar Delgado, titular de la Unidad Penal 1, investiga al ahora imputado por un caso de violencia familiar contra la misma víctima.
