Pablo Román, quien llegó a tribunales junto con su abogado Ignacio Torres Peralta, señaló que él y su hermano Mario Román fueron adjudicados con la propiedad tras la muerte de su padre, Cristino Román, en el Juzgado Civil y Comercial de Lambaré, el 23 de abril de 2020. Se trata de una finca de 20 hectáreas ubicada en el distrito de Repatriación, Departamento de Caaguazú.
Sin embargo, cuando fue a ver la propiedad en aquella localidad, ya estaba ocupada por los miembros de la congregación religiosa Pueblo de Dios. Ante esta situación, habló con ellos, con la posibilidad de negociar el inmueble.
El hombre le dejó copias de sus documentos para la negociación y le dijeron que le iban a avisar. No obstante, dice el denunciante que, posteriormente, fue hasta allá y le dijeron que la propiedad ya había sido vendida.
Fue así que, junto con su abogado, acudió a la escribanía donde supuestamente se realizó la transferencia, y allí se percató de que las firmas –tanto la suya como la de su hermano, Mario Román– habían sido falsificadas, y que se utilizaron los documentos que él mismo había entregado para ese trámite.
Presentó la denuncia penal en el año 2022, y hasta ahora, según dice, la fiscala Samara Lesme no realiza la prueba pericial para determinar que las firmas fueron falsificadas.
La denuncia penal está a nombre de Mariano Bobadilla y Juan Cardozo Vera, a quienes supuestamente le hicieron la cesión de derechos, quienes son autoridades de la congregación Pueblo de Dios, uno de ellos, ya falleció.
Incluso, habían pedido los archivos a Identificaciones de la Policía Nacional para la realización de la pericia, pero no se realizó aún, y ya pasaron tres años de la denuncia, sin que tenga ningún tipo de resultado, conforme señaló.
El inmueble en cuestión está valuado en unos G. 70 millones por hectárea, con lo que las 20 hectáreas alcanzan la suma de G. 1.400 millones, conforme con la denuncia planteada ante la Fiscalía de Lambaré, ya que fue allí donde falleció su padre.
Román pidió un informe de condiciones de dominio que certifica que la propiedad sigue estando a su nombre, y está al día con el impuesto inmobiliario, pero no puede tomar posesión de la propiedad, de acuerdo con su denuncia.
