El Ministerio Público tuvo durante dos años –sin avances– la causa en donde se presumían irregularidades en la licitación entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y la empresa Neighpart Saeca para la adquisición de quirófanos modulares. ÚH reunió las fechas de cómo inicia el caso con una denuncia en 2023 por directivos de la previsional, dos de ellos hoy imputados.
Era el 6 setiembre del 2023, cuando los asesores jurídicos del IPS Verónica Blanco (imputada) y José González, así como el director de Mantenimiento, Jaime Joel Caballero (imputado), denunciaron que fueron encontrados en el patio del IPS unos equipos modulares de quirófano embalados y otros objetos más que corresponderían a la empresa Neighpart Saeca que fue adjudicada con una licitación.
Ellos reclamaban que ingresaron sin autorización y que desconocían quién llevó todo eso allí.
Primera causa. Ese caso cayó asignado a la fiscala Silvia González, quien empezó a investigar si los objetos estaban o no habilitados para ingresar.
“No hablamos de un equipo pequeño, sino de una cantidad importante de objetos. Yo me constituí en IPS para verificar, llego y esos objetos ya no estaban más”, explicó la fiscala sobre lo que ocurrió en aquella época.
IPS le había intimado a la firma a que retire todo y así lo hizo. Entonces, la fiscala solicitó informes y los videos de circuito cerrado, para ver cómo eso se fue a parar ahí. “Ahí encontramos que efectivamente esos equipos formaban parte de una licitación y la empresa se puso a disposición”, contó González.
Neighpart Saeca había solicitado en reiteradas ocasiones que IPS le habilite un lugar para dejar los insumos, pero no tuvieron respuesta.
Los quirófanos debían instalarse en el séptimo piso del Hospital Central, pero el impedimento de la previsional era que la estructura edilicia no iba a soportar el peso de todo el equipamiento y se debía hacer una reestructuración.
Con informes de Contrataciones vieron que se trataba de una licitación abierta, donde hubo pagos y varias adendas que ampliaban el plazo.
Desestimación. “El plazo (en ese 2024) estaba todavía abierto y sujeto a su cumplimiento”, contó la fiscala, quien entonces el 16 de febrero pidió la desestimación sobre la denuncia puntual sobre los objetos que aparecieron en el patio sin autorización.
“Definitivamente habíamos constatado que la empresa en ese momento sí trató de poner a disposición todos los objetos”, expresó.
El juez Humberto Otazú dio trámite de oposición, pero la fiscala adjunta Lourdes Samaniego se ratificó en el pedido.
El 6 de junio del 2024, el juez Humberto Otazú desestimó la causa y la fiscala Silva González remitió a la Fiscalía General todo lo que recabó de la licitación, los contratos y la adenda, pidiendo que sea una Unidad Especializada la que investigue el hecho.
2024, segunda causa. En ese 2024 se abre finalmente una investigación sobre la licitación, en donde ahora los ex presidentes del IPS fueron imputados.
Se trata de la causa N° 3397/2024 caratulada como “Hugo Enrique Aranda y otros s/ lesión de confianza” y cae en manos del fiscal José Martín Morínigo (Unidad N° 3 de la Sede 1) y el caso quedó dormido, sin que se hagan las diligencias.
En el 2025, el fiscal Morínigo, en abril pasó a ser fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, y finalmente, y en su lugar, el fiscal Julio Ortiz llega a cumplir funciones a la Unidad Ordinaria N° 3 de la Sede 1 de Asunción.
Recién el 2 de julio, Ortiz se entera de que tenía a su cargo el caso de IPS respecto a los funcionarios.
El caso comentó a moverse, y terminó imputando a los ex presidentes Vicente Bataglia y Jorge Brítez y a siete personas.
- “Definitivamente habíamos constatado que la empresa en ese momento sí trató de poner a disposición todos los objetos”. Silvia González, fiscala.
¿Vínculos de Samaniego?
El senador Rafael Filizzola habló de presuntos vínculos de la familia de la fiscala adjunta Lourdes Samaniego, cuyo hijo Herit Renato Samaniego Cino operaría con el dueño de la empresa Neighpart SA, Claudio Alberto Escobar.
“Silvia González dice que le pareció que la investigación debió ser más amplia, pero descartó involucrar a la empresa. ¿Tuvo algo que ver los vínculos entre la empresa y familiares de la adjunta?”
