La trama que rodea al IPS con la empresa Neighpart Saeca comenzó ya en el 2023, con una causa que terminó con pedido de desestimación, que luego fue ratificado por la fiscala adjunta Lourdes Samaniego, esposa del ex vicepresidente de la República Hugo Velázquez, cuyo hijo tendría vínculos con el presidente de la firma, Claudio Alberto Escobar Brizuela.
2023. Era el 6 setiembre cuando los asesores jurídicos del IPS, Verónica Blanco (imputada) y José González, así como el director de Mantenimiento Jaime Joel Caballero (imputado) denunciaron que fueron encontrados en el patio del IPS unos equipos modulares de quirófano embalados y otros objetos más que corresponderían a la empresa Neighpart Saeca, que fue adjudicada con una licitación.
Ellos reclamaban que ingresaron sin autorización y que desconocían quién llevó todos los implementos hasta allí.
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La primera causa
Ese caso cayó asignado a la fiscala Silvia González, quien empezó a investigar si los objetos estaban o no habilitados para ingresar.
“No hablamos de un equipo pequeño, sino de una cantidad importante de objetos. Yo me constituí en IPS para verificar. Llego y esos objetos ya no estaban más”, explicó la fiscala acerca de lo que ocurrió en aquella época.
IPS le había intimado a la firma a retirar los implementos y así lo hizo. Entonces, la fiscala solicitó informes y los videos del circuito cerrado para ver cómo eso fue a parar ahí. “Ahí encontramos que efectivamente esos equipos formaban parte de una licitación y la empresa se puso a disposición”, contó González.
Neighpart Saeca había solicitado en reiteradas ocasiones que el IPS le habilite un lugar para dejar los insumos; sin embargo, no tuvieron respuesta.
Los quirófanos debían instalarse en el séptimo piso del Hospital Central, pero el impedimento de la previsional era que la estructura edilicia no iba a soportar el peso de todo el equipamiento, por lo tanto, se debía llevar a cabo una reestructuración.
Con informes de Contrataciones vieron que se trataba de una licitación abierta, donde hubo pagos y varias adendas que ampliaban el plazo.
Pedido de desestimación
2024. “El plazo estaba todavía abierto y sujeto a su cumplimiento”, contó la fiscala, quien entonces, el 16 de febrero del 2024, pidió la desestimación de la denuncia puntual sobre los objetos que aparecieron en el patio sin autorización.
“Definitivamente, habíamos constatado que la empresa en ese momento sí trató de poner a disposición todos los objetos”, expresó.
El juez Humberto Otazú dio trámite de oposición, pero la fiscala adjunta Lourdes Samaniego se ratificó en el pedido el 2 de mayo de ese año, pese a que su hijo Herit Renato Samaniego Cino, al parecer, tenía vínculos con el dueño de la empresa Neighpart Saeca.
El 6 de junio del 2024, el juez Humberto Otazú desestimó la causa y la fiscala Silva González remitió a la Fiscalía General todos los datos recabados de la licitación, los contratos y la adenda, además, pidió que sea una unidad especializada la encargada de investigar los hechos.
Segunda causa, donde hay imputados
Fue en ese 2024, donde finalmente se abrió una investigación sobre la licitación, en la que hoy los ex presidentes del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez están imputados.
Se trata de la causa N° 3397/2024, caratulada como “Hugo Enrique Aranda y otros s/ lesión de confianza”, que cayó en manos del fiscal José Martín Morínigo (Unidad N° 3 de la Sede 1). El caso, sin embargo, quedó dormido, sin que se lleven a cabo las diligencias.
Entre marzo y abril del 2025, el fiscal Morínigo pasó a ser fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado y finalmente, y en su lugar, el fiscal Julio Ortiz llegó para cumplir funciones en la Unidad Ordinaria N° 3 de la Sede 1 de Asunción, donde ya estaba abierta la causa sobre la licitación entre IPS y la empresa Neighpart Saeca.
El caso seguía abierto, pero recién el 2 de julio de este año, el fiscal Ortiz se enteró de que tenía a su cargo esa investigación y la reflotó, solicitando documentos al Instituto de Previsión Social para cerrar el caso. Allí, el 4 de agosto, terminó imputando a los ex presidentes del IPS, así como a siete personas más.
