Le acusa de supuestamente facilitar el acta de imputación a la prensa, “sin antes siquiera haberse notificado a las personas de los supuestos que se le imputan”, y también de brindar declaraciones a los medios.
Denunció que la fiscala “ha emitido juicios de valor en relación a la causa, en detrimento de mi persona y otros 60 imputados, sumado a los que pretende imputar”, cuestionó Navarro.
Según el oficial de Justicia, la fiscala ya requirió diligencias sobre él, como informes sobre su teléfono, y sostuvo que la agente del Ministerio Público no respeta el debido proceso, y vulneró sus derechos, “en detrimento del buen nombre y reputación”.
La fiscala Bobadilla había declarado supuestamente a la prensa que existía una suerte de afinidad entre algunas empresas, hoy implicadas en la causa, con algunos Juzgados y Secretarías.
Habló que la agente utilizó un “lenguaje asertivo” y “no potencial, condicional, o especulativo”.
IMPUTADOS. Más de 60 personas fueron imputadas la semana pasada por el Ministerio Público, entre ellos, jueces, oficiales de Justicia, ujieres y abogados.
Se presume que los magistrados tuvieron colaboración activa de abogados demandantes representantes de las empresas de cobranzas, “así como de los ujieres, notificadores, actuarios y oficiales de Justicia, que habrían simulado realizar actos procesales, que en la realidad no se daban”.
Los fiscales asignados a la causa ya se encuentran abocados en poder definir la cuantía del perjuicio a las víctimas del esquema delincuencial de demandas usando pagarés ya saldados y otros falsos.
