09 ago. 2025

Dejar de gestionar las cárceles como depósitos humanos

Inaceptable es la realidad de las penitenciarías en nuestro país. Las duras imágenes del hacinamiento en el que sobreviven los reclusos en la Penitenciaría Regional de Concepción desconciertan y conmueven. Sin alimentos, durmiendo apilados en el piso de los pabellones, sin acceso a sus abogados defensores y en su mayoría lejos de los Juzgados que llevan sus causas, los reclusos son tratados en los centros penitenciarios como despojos humanos. Las autoridades deben resolver los problemas estructurales del sistema penitenciario y judicial.

Una publicación de este diario denunciaba la pasada semana la situación de precariedad y sobrepoblación en la Penitenciaría Regional de Concepción. Esas circunstancias obligan a los reclusos a dormir en el suelo, sin colchones, según el testimonio que prestaron las imágenes que registraron tal realidad. Así sobreviven los internos en el Pabellón F, donde estiman que hay alrededor de 306 personas privadas de libertad. Al ver las fotografías no caben dudas de que la superpoblación en esta zona de la cárcel no permite que ninguna persona pueda vivir dignamente con estas mínimas condiciones.

Al respecto, el director de la institución, Andrés Cabral señaló que la Penitenciaría alberga 1.800 internos en la actualidad, cifra que expone que el penal está superando en más del 80% su capacidad. Esta es la confirmación de que estas condiciones no solamente suponen que no hay espacio para todos, sino que la situación de hacinamiento repercute también en la alimentación de los internos. Algunos familiares de algunos de los reclusos incluso habían denunciado que la calidad de los alimentos se había visto disminuida, debido a la alta demanda, y también que los “costos dentro del penal se elevaron”.

Tristemente, tras la publicación de esta denuncia ÚH tuvo acceso a otras imágenes, esta vez del Penal de San Pedro, que es la cárcel de mayor superpoblación y en donde se infringen cotidianamente casi todos los derechos humanos de personas privadas de libertad. Así lo señalaron desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que reporta que los reclusos duermen en el piso y pasan hambre, además de que no tienen la asistencia de defensores legales, médicos, ni sicológicos.

El anuario estadístico 2024 de personas afectadas en su libertad, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, señala que, entre las penitenciarías con mayor índice de hacinamiento se encuentran las regionales de Emboscada, Concepción, San Pedro, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. Según datos oficiales, la capacidad vigente en las 20 cárceles habilitadas en todo el país es para 10.260 personas privadas de libertad, mientras que la población actual es de 18.956. En nuestras cárceles se supera casi el doble de espacio.

De acuerdo con el anuario del Mecanismo, la Penitenciaría Regional de San Pedro es la que más ampliamente supera su capacidad, en un 1.076%. Cuenta con espacio para 696 reclusos, pero alberga a 1.592 internos. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura aporta también otro dato fundamental y escandaloso debido al abuso de prisión preventiva por parte de la Justicia, en el país el 57% de la población carcelaria se encuentra en esta situación, y según su situación procesal, solamente, el 34% posee condena.

Esto nos lleva a la afirmación, difícilmente rebatible, de que en el Paraguay las cárceles son meros depósitos de personas. Las cárceles son el rostro más descarnado del fracaso del Estado.

Mientras los reclusos deben soportar condiciones infrahumanas de sobrevivencia, ya que no hay espacio para tantos reclusos en estos edificios, por ello duermen en el suelo, tampoco alcanzan los alimentos para todos. Esta misma precariedad los coloca en unas condiciones de suma fragilidad. Como señala Orlando Castillo, comisionado del Mecanismo, “estas personas son carne fácil para el crimen organizado. La comida no es facilitada por el Estado, lastimosamente es proporcionada por el crimen organizado”.

Resulta inaceptable el abandono del Estado a las personas privadas de libertad. Urgen cambios que les provean a estas personas condiciones de vida digna que respeten sus derechos humanos.

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