Una acción judicial busca que la ciudadanía pueda conocer y revisar una parte del software que utilizan las máquinas de votación para las elecciones municipales del 4 de octubre. No se pide acceder a las máquinas, modificarlas ni conocer contraseñas o claves de seguridad. Se solicita que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) entregue el código fuente de los componentes que están bajo licencias de software libre. Esta no es la primera vez que se plantea la necesidad de una revisión independiente. En una oportunidad anterior, voceros del propio TSJE desafiaron públicamente a la comunidad hacker a revisar las máquinas de votación. La comunidad aceptó el desafío y presentó una nota solicitando acceso a las máquinas para realizar esa revisión, pero dicho pedido nunca recibió respuesta. El TSJE reculó de su propio desafío.
Para entenderlo de manera sencilla, una máquina de votación funciona gracias a programas informáticos. Esos programas contienen las instrucciones que indican qué debe hacer la máquina cuando una persona vota y cuando se realiza el conteo. El código fuente puede entenderse como la receta del programa. Ver funcionar una máquina permite observar el resultado, pero no permite conocer sus instrucciones internas.
La acción sostiene que los ciudadanos deberían poder revisar esa receta en los componentes publicados por sus autores bajo licencias de software libre. Es necesario subrayar en este punto que el consorcio que alquila las máquinas no es propietaria de todo el software, solo de parte del mismo. El pedido no busca secretos comerciales del consorcio. Está limitado a los componentes que utilizan esas licencias y que, según los documentos de la propia contratación, deben ser auditables y desarrollados con software de código abierto y de uso y distribución libre.
El pedido fue presentado ante el TSJE el 19 de mayo de 2026. La institución respondió que no entregaría el código solicitado y consideró el software como información reservada, invocando derechos de autor y secreto tecnológico. También remitió a información disponible en el portal de contrataciones públicas. Antes de acudir a la Justicia, se pidió al propio TSJE que revisara su decisión y no se entregó la información.
¿Por qué es importante este pedido? Porque las máquinas serán utilizadas para emitir y contar los votos de todos los ciudadanos. La Constitución establece que el escrutinio debe ser público y fiscalizado. La acción plantea que esa fiscalización no debería depender solamente de lo que una institución o un grupo de auditores informe sobre el funcionamiento de la máquina. La ciudadanía también debería poder conocer cómo funciona el software que interviene en el proceso electoral.
Conocer el código no significa poder cambiarlo ni entrar a una máquina en funcionamiento el día de la elección. El pedido no incluye contraseñas, claves privadas ni mecanismos para operar los equipos. Se solicita conocer el programa y contar con una forma de comprobar que el software utilizado en las últimas elecciones corresponde al código que fue revisado. Para eso se piden valores hash, una especie de huella digital del archivo que permite detectar si fue modificado.
La acción plantea además que publicar el código no debilita la seguridad electoral. Permitir que especialistas revisen el programa puede ayudar a detectar errores o problemas. El propio TSJE permite que auditores de organizaciones políticas revisen el código fuente.
La acción judicial busca que un juez ordene al TSJE entregar y hacer pública, en formato digital, la información solicitada sobre los componentes de software libre de las máquinas de votación, antes de las elecciones municipales.
En términos sencillos, el planteamiento es este: Si vamos a confiar nuestro voto a una máquina, también tenemos derecho a saber qué programa utiliza para procesarlo y a contar con herramientas que permitan comprobar que ese programa no fue cambiado. La acción busca que esa posibilidad de control también pueda ser ejercida por la ciudadanía. Sobre todo, ante la opacidad del TSJE con la complicidad de la casta política.
El software de las máquinas de votación que alquila el TSJE debe liberarse en su totalidad por el bien del sistema democrático.
