La Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural del Senado abrió el debate sobre proyectos de modificación del Estatuto Agrario y de la lley de creación del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en medio de cuestionamientos de organizaciones campesinas y sociales que señalan que las iniciativas no enfrentan el problema estructural de la tierra en Paraguay.
La mesa de trabajo tuvo lugar el lunes y fue encabezada por la senadora Yolanda Paredes, presidenta de la comisión, junto al senador Walter Kobylanski, con participación de representantes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), de la Dirección General de los Registros Públicos, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, asociaciones campesinas y otros sectores vinculados a la problemática agraria.
Paredes señaló que el objetivo del encuentro es profundizar el análisis de las modificaciones propuestas y promover un debate amplio sobre el régimen agrario nacional. Explicó que los proyectos contemplan cambios en diversos artículos del Estatuto Agrario y en la Ley N.º 2.419, que creó el Indert.
La legisladora indicó que uno de los puntos analizados fue la definición de las dimensiones de las tierras en la Región Occidental. Sostuvo que el Chaco atraviesa una nueva realidad socioeconómica y que “ya no es el Chaco de antes”, por lo que considera necesario actualizar los criterios relacionados con las hectáreas destinadas a la producción agrícola y ganadera.
Asimismo, manifestó preocupación por el precio de las tierras en el Chaco y afirmó que ese aspecto debe ser discutido en profundidad junto con todos los actores involucrados en la definición y el alcance de la reforma agraria en el país.
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Sin embargo, durante la reunión, dirigentes campesinos, analistas agrarios y referentes de organizaciones sociales expresaron fuertes críticas a las iniciativas legislativas. Los sectores cuestionaron que las propuestas no abordan la concentración de tierras ni la exclusión histórica de las familias campesinas del acceso a tierras productivas.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la intención de habilitar la venta de tierras administradas por el Indert a personas que no son sujetas de la reforma agraria. Referentes sociales advirtieron que esa medida podría desvirtuar el sentido histórico del patrimonio agrario estatal, destinado originalmente a garantizar acceso a la tierra a sectores campesinos.
Las organizaciones también señalaron que los proyectos priorizan modificaciones administrativas y de titulación, dejando de lado medidas orientadas a democratizar el acceso a la tierra, recuperar tierras públicas irregularmente adjudicadas y fortalecer una política efectiva de reforma agraria.
Durante el debate se reclamó además la ausencia de propuestas concretas para enfrentar la problemática de las tierras malhabidas y los procesos históricos de apropiación irregular de tierras públicas destinadas a la reforma agraria.
Sectores campesinos alertaron que, sin políticas redistributivas de fondo, cualquier modificación normativa podría consolidar aún más la desigualdad en el campo paraguayo. También expresaron preocupación por iniciativas que, según señalaron, podrían favorecer modelos agroganaderos extensivos en detrimento de la agricultura familiar campesina.
Las organizaciones participantes insistieron finalmente en la necesidad de abrir un debate amplio y participativo sobre la cuestión agraria, incorporando a comunidades campesinas, pueblos indígenas, sectores académicos y organizaciones sociales, al considerar que la reforma agraria continúa siendo una deuda histórica del Estado paraguayo.
